Cortesía Fabián Robles/Faronoticias

 A casi 25 meses de la promesa para crear la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Tlaxcala, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo han cumplido la parte que les corresponde, pese a que continúan las agresiones en contra de quienes desempeñan ambas actividades.

En el decreto de creación de la Oficina Local de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicado el 15 de febrero de 2022, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros se comprometió a que, “dentro del término de 120 días hábiles, se promoverá la iniciativa para armonizar la legislación aplicable en la materia, ante el Congreso local”.

La ruta trazada desde el gobierno morenista preveía que la iniciativa correspondiente tendría que presentarse “a más tardar el 31 de mayo de 2022”, misma fecha en la que sería entregada a los integrantes de la LXIV Legislatura local para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación”, según lo informado en un boletín difundido en abril de ese año.

Pero fue hasta julio de 2022 cuando el director jurídico de la Secretaría de Gobierno (Segob), Miguel Sánchez Ramírez, dio a conocer de manera pública la propuesta respectiva, integrada por 108 artículos, XIX capítulos y 14 transitorios, a través de los cuales se establecería el Sistema de Protección Integral a Personas Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos de Tlaxcala.

En ese documento se preveía la creación de la Junta de Gobierno -que sería el órgano máximo de deliberación y toma de decisiones en el sistema de protección referido-, un Consejo Consultivo y la Coordinación Ejecutiva, que contaría con cinco unidades técnicas.

Sin embargo, se desconoce la fecha en que esa iniciativa -nutrida en un primer momento por propuestas emanadas principalmente del gremio periodístico- fue remitida al Congreso local para darle el trámite legislativo correspondiente.

Pese a ello, en los dos periodos ordinarios de sesiones de 2023, después de foros y mesas de trabajo para depurar la propuesta, se tenía previsto presentar ante el pleno del Congreso local la iniciativa correspondiente, aunque no sucedió así porque, según fuentes del Poder Legislativo, “no existen los consensos suficientes”, y por eso el tema se encuentra en la “congeladora”.

Los trabajos en la LXIV Legislatura local para sacar adelante esa norma fueron encomendados a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la ahora expriista Diana Torrejón Rodríguez quien, sin embargo, ha dejado el tema porque está más preocupada y ocupada en buscar la candidatura por Morena a la presidencia municipal de Tlaxco.

Como lo informó en exclusiva y oportunamente Faro Noticias, en la integración del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2024, la Segob incluyó una partida de al menos 6 millones 442 mil 506.62 pesos para la operación del área que encargaría de cumplir lo previsto en la ley respectiva, pues se tenía planeado que la iniciativa fuera aprobada por el Congreso local en el pasado periodo ordinario de sesiones, algo que no sucedió.

De acuerdo con información de documentos oficiales a los que tuvo acceso este reportero y cotejados con fuentes de la Segob, la mayor parte de ese gasto se tenía previsto destinarla al rubro de servicios personales y equivaldría al 33.21%, es decir 2 millones 139 mil 666.62 pesos.

Para bienes muebles, inmuebles e intangibles, se destinarían 1 millón 611 mil pesos (25.01% del total); a servicios personales, que incluye la partida de capacitaciones, se asignaría 1 millón 292 mil pesos (20.05%).

Mientras que para fondos y gastos de operación de medidas preventivas se preveía un gasto nada más de 900 mil pesos (13.97%), y los restantes 499 mil 840 pesos (7.76%) serían para materiales y suministros.

Según las fuentes consultadas al respecto, la propuesta presupuestal referida habría sido recortada del paquete económico enviado al Congreso local a mediados de noviembre de 2023 supuestamente por “recomendación” del titular de la Oficialía Mayor de Gobierno, Ramiro Vivanco Chedrahui.

A mediados de febrero 2023 -sin que a esa fecha hubiera presentado propuesta alguna al respecto-, la ombusperson Jakqueline Ordóñez Brasdefer, pidió al entonces presidente de la mesa directiva del Congreso local, Bladimir Zainos Flores, iniciar el procedimiento respectivo para expedir la ley en la materia, y hacer lo propio para crear el mecanismo correspondiente.

Esa exigencia fue incluida en la recomendación general 01/2023 emitida el 17 de febrero de 2023 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a casi un año de la represión del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros contra activistas y feministas que se manifestaron con motivo del 8M en 2022 en la Plaza de la Constitución de la ciudad capital.

Sin embargo, esa parte de la recomendación referida ha sido ignorada por el Poder Legislativo.