Emitió un posicionamiento en Conmemoración al 8M

Por Selene Sosa

Reconocimiento de la existencia de la violencia feminicida y de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual e implementación de planes y políticas públicas que atiendan de manera urgente dicha laceración fueron las peticiones del posicionamiento del Centro Fray Julián Garcés por el Día Internacional de la Mujer.

Este 8 de marzo, en Conmemoración al Día Internacional de la la Mujer, la asociación civil Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local emitió un posicionamiento en el que exigió la implementación integral del Programa Estatal Contra la Trata de personas.

Así como la implementación de la Legislación y Políticas Públicas existentes que lleven a erradicar la violencia hacia las mujeres y niñas, que además impliquen reducación hacia los hombres y transitar hacia masculinidades no violentas.

«Nos pronunciamos contra la violencia y una de sus desgarradoras expresiones: la trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual», puntualiza el pronunciamiento, mismo que recoge estadísticas sobre la violencia ejercida en razones de género en México.

«De acuerdo a datos de la periodista Almudena Barragán, publicados en El País, a fines del 2023, cada año en México son asesinadas más de 3 mil mujeres, niñas y adolescentes, aunque solo alrededor de un 24% de esa cifra se contabiliza como feminicidios».

«Miles de mujeres son víctimas de la trata con fines de explotación sexual en este país, como parte de un negocio ilícito que, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), genera a nivel mundial, ganancias de hasta 36 mil millones de dólares al año».

Pese a las cifras, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, en manos de Lorena Cuéllar Cisneros, ha contribuido a perpetuar las violencias con la negativa de la existencia del delito de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

No obstante, durante 2023 hubo ocho denuncias por este delito ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), mientras que durante 2022 y 2023 se abrieron 11 carpetas de investigación, en tanto, el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) sólo emitió una sentencia condenatoria firme.