Violencia institucional respalda la violencia vicaria: víctima

Por Selene Sosa

Odet N., es el ejemplo de que las instituciones son parte de la violencia sistemática que padecen las mujeres que ya son víctimas de violencias, en este caso, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJE) entregaron a su hija de 7 años de edad, a su padre, quien es agresor físico y tiene problemas de adicciones.

A pesar de que Odet N. denunció al 911 cada vez que era brutalmente golpeada por Uriel N., su ex pareja y padre de su menor hija, nadie acudió a su llamado, incluso, en una ocasión que logró salir del domicilio y llegó al Ministerio Público (MP) ahí, tampoco quisieron brindarle atención.

«Váyase primero a un hospital, no le vaya a pasar algo aquí», le alegó una MP, a cargo de Ernestina Carro Roldán, cuando llegó ensangrentada pidiendo levantar su denuncia, incluso en el Centro de Justicia para Mujeres (CJM), que dirije Gabriela Hernández Montiel sólo la canalizaron «Al Edificio H de la Procu».

Ahí, de nuevo, recibió un trato insensible por parte del personal, «que a duras penas» quiso tomarle su declaración; testimonio en el que dio cuenta del maltrato psicológico, físico, emocional y económico que padecía a manos de Uriel N., quien, a decir de la víctima, consume marihuana diariamente.

A pesar del testimonio «de horror», nada hicieron por ayudarla, por lo que, durante el confinamiento por la pandemia mundial de COVID-19, las agresiones físicas se intensificaron, fue entonces que acudió al Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

Allí, tampoco hicieron mucho por su caso, únicamente le entregaron un citatorio, es decir, tenía que volver al domicilio que compartía con su agresor a quien le llegó el mismo documento y fue entonces que, tras una golpiza, la corrió de la casa y jamás se presentó a la cita.

Fue entonces que, ante la ausencia del agresor, se le entregó «a regañadientes» una acta certificada en la cual se le concedía la guardia y custodia de su hija, quien actualmente tiene 7 años de edad y a quien la abuela paterna buscaba constantemente para convivir.

Ya que la ex suegra fue quien le pagó la universidad y la mantuvo económicamente mientras sostuvo una relación con su agresor, Odet N. accedió a que tuviera días de convivencia con ella exclusivamente, sin embargo, en una de esas ocasiones, Uriel N. sustrajo y retuvo a la niña, desde el pasado 17 de febrero de este año.

El 20 de febrero ella acudió a levantar la denuncia por secuestro, pero nuevamente la PGJE y el CJM le dieron la espalda, en conjunto con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), cuya presidenta honorífica es Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, hija de la Gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros.

Esta institución gubernamental que «pone a las mujeres primero», le «aconsejó» a Odet N. «llevarse bien con el papá de la niña» porque a pesar de ser agresivo y drogadicto «ella lo escogió», es decir, el SEDIF la conminó a mediar con su victimario, poniendo en riesgo la integridad de la pequeña también.

En su desesperación, nuevamente la víctima acudió al Juzgado de lo Familiar, en donde, en una de sus tantas visitas para reunirse con la jueza, ocurrió que Uriel N. acudió a una audiencia junto con la niña y dos abogados, aunque ella jamás había sido citada a la misma.

A pesar de eso y aunque carecía de representación legal, estuvo en dicha audiencia, en la cual la jueza Dora María Garcia Espejel, quien recién había tomado el caso sin documentarse sobre él, llamó a Odet N «mentirosa» y le concedió la custodia al violentador.

Esto, a pesar de que Uriel N. ha sido denunciado en repetidas ocasiones y que incluso vecinos del domicilio donde vivían fueron testigos de las agresiones físicas y verbales contra Oder N. y de su situación de adición, así como la falta de pago de manutención desde el nacimiento de la niña.

Por lo anteriormente expuesto, Odet N. pide a las instituciones atender su caso, tanto a Carro Roldán como a la Magistrada Presidenta del TSJE, Anel Bañuelos Meneses, ya que teme por su vida y, desde luego, por la integridad de su pequeña de 7 años, quien aparentemente tiene alineación parental por parte de su padre.