Poner en receso inmediato a los “Servidores de la Nación” es una de las exigencias de investigadores, académicos y exintegrantes del IFE, INAI y la SCJN en un informe sobre el arranque de las campañas, en el que señalan a la violencia criminal como el mayor riesgo rumbo a junio.

Fuente: PROCESO

Además de la violencia criminal y la persistente intromisión del presidente de la República, otro factor amenaza la integridad del proceso electoral: la utilización ilegal de los programas sociales del gobierno federal para ejercer coacción o comprar el voto.

El Observatorio Ciudadano 2023-2024 del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo, S.C. (CEPNA) publicó este lunes un reporte referente al inicio de las campañas rumbo a los comicios de junio próximo, en el que señala los principales riesgos y amenazas que enfrenta el proceso electoral.

El CEPNA se define a sí mismo como un think tank dedicado a la investigación y el análisis de los problemas relevantes de México en los ámbitos económico, político, electoral y de desarrollo social.

Fundado por investigadores y académicos, en 1991 organizó el primer grupo de observadores ciudadanos del proceso electoral federal; fue institución asesora en las reformas electorales de 1994, 1996, 2005 y 2007-2008, y ha participado en las tareas de observación electoral con el apoyo del IFE/INE en los procesos 2012, 2015, 2018, de acuerdo con su página web.

El Observatorio Ciudadano está coordinado por el académico Jorge Alcocer Villanueva y cuenta entre sus integrantes a José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte; María Marván Laborde, exconsejera del Instituto Federal Electoral y excomisionada presidenta del INAI; el jurista Diego Valadés; Jaime Cárdenas, exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y Arturo Núñez, exgobernador de Tabasco, entre otros.

En el documento, el Observatorio Ciudadano subraya los puntos que considera de mayor relevancia para la integridad del proceso electoral y la jornada del domingo 2 de junio.

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