Aunque se siguen denunciando miles de casos de tortura al año, en este sexenio la FGR solo ha conseguido 10 sentencias por ese delito, cinco de ellas condenatorias y ninguna de ellas contra militares.

Fuente: PROCESO

En los primeros cuatro años del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió siete mil 511 denuncias por tortura, lo que demuestra que ese delito de lesa humanidad sigue vigente en México, sostuvieron integrantes de organizaciones civiles que integran el Observatorio contra la Tortura.

Al presentar el “Informe de hallazgos 2022”, los investigadores refirieron que el documento se elaboró con base en datos oficiales y al menos 800 solicitudes de información dirigidas a instancias de procuración de justicia, poderes judiciales, organismos públicos de defensa de derechos humanos y comisiones federal y estatales de atención a víctimas.

Natalia Pérez, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, destacó que a pesar de que el elevado número de denuncias, en 2022 solo se emitieron 10 sentencias, cinco de las cuales fueron condenatorias, y “ninguna de ellas corresponde a hechos cometidos por personal militar, a pesar de que hay evidencia de que integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de manera frecuente son señalados por actos de tortura”.

La defensora resaltó que, de la revisión de 23 sentencias emitidas entre 2017 y 2022, ninguna se basó en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, promulgada en 2017, y que se fundamentó en lineamientos y recomendaciones que organismos internacionales han hecho a México.

Pérez resaltó que, a nivel federal, de 2018 a 2022 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) integró 294 quejas por tortura, de las cuales solo 41 se convirtieron en recomendaciones, “eso sin contar con que las quejas por tratos crueles y degradantes suelen ser mal clasificadas y en realidad se trataría de casos de tortura”.

“Lo que encontramos es que, a pesar de que tenemos una legislación de avanzada, pocas personas pueden acceder a resoluciones jurisdiccionales como no jurisdiccionales, y peor aún, el acceso a una reparación integral es aún menor, pues si solo tomamos en cuenta las 41 recomendaciones y las cinco sentencias, la Comisión Nacional de Atención a Víctimas (CEAV) sólo otorgó reparación integral para 10 víctimas”, alertó la integrante de Fundar.

Ángel Salvador Ferrer, de la organización Documenta, explicó que, del cúmulo de denuncias, a 2022 sólo existían seis mil 226 carpetas de investigación por tortura, que representan a seis mil 398 víctimas.