Por Selene Sosa

El Informe General Ejecutivo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio cuenta de otro posible daño patrimonial de la Cuenta Pública de 2022 del Gobierno del Estado de Tlaxcala, que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros, en el rubro de salud por 191 mil 916.009 pesos.

Con el objetivo de fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa en 2022, la ASF verificó el cumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación, los convenios de colaboración y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Para dicha auditoría el órgano tomó una muestra del 54.8 por ciento, es decir, auditó 117 mil 572.7 pesos de un universo de 214 mil 671.4 pesos transferidos de la Federación al Gobierno de Tlaxcala para el Programa de Atención a la Salud.

El resultado no fue distinto al resto de rubros auditados ya que la ASF halló que la administración estatal de la electa de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), incumplió en la normativa en materia de transferencia de recursos.

Esto significa que el Poder Ejecutivo Estatal no cumplió con su obligación del registro e información financiera de las operaciones, el destino de los recursos, servicios personales, adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios.

Así como tampoco cumplió con el mantenimiento de las unidades médicas, ni transparentó la aplicación de los recursos puesto que no se contó con el acuse de la notificación al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) de la apertura de las cuentas bancarias ni el comprobante que acredite la recepción de los recursos de diversos programas.

Además, se detectó que el Gobierno Lorenista no canceló una parte de la documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en los recursos del programa, por 70 mil 217.2 pesos, con el sello ‘Operado’, que incluya el nombre del programa y el ejercicio fiscal 2022.

Ello, toda vez que se reintegraron extemporáneamente a la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos del programa no comprometidos al 31 de diciembre de 2022 y los no pagados al 31 de marzo de 2023, por 10 mil 811.1 pesos y 201.9 pesos, respectivamente.

De igual manera, la ASF observó que no destinaron a los objetivos del programa los recursos transferidos ni los rendimientos financieros reintegrados a la TESOFE ni se notificó al INSABI sobre los informes de asistencia e incidencia del personal asignado a la entidad federativa.

De ese modo, el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 al Gobierno del Estado de Tlaxcala determinó que, al 31 de diciembre de 2022, dicha administración estatal no había pagado el 68.5 por ciento de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2023, aún no pagaba el 5.0 por ciento de los recursos transferidos.

Además, ‘Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que el Gobierno del Estado de Tlaxcala no notificó al INSABI los informes del gasto y el cierre del ejercicio’.

Igualmente, la ASF auditó la Cuenta Pública de 2022 en el rubro de salud sobre el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, tomando una muestra del 91.3 por ciento de los dos millones 070 mil 572.5 pesos, es decir, la muestra auditada fue de un millón 890 mil 013.9 pesos.

De dicha auditoría ‘Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia, transferencia de recursos, registro e información financiera de las operaciones, destino de los recursos y servicios personales, en virtud de que la cuenta bancaria de la instancia ejecutora de los recursos del fondo no fue específica’.

Bajo este tenor, se reportaron erróneamente los saldos pendientes de ejercer en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de marzo de 2023, en virtud de que no coincidieron con los reflejados en la cuenta bancaria en la que la instancia ejecutora administró los recursos del fondo.

Con la característica del Gobierno Lorenista, no se presentó la documentación comprobatoria original que ampare la aplicación y destino de los recursos del fondo por 19 mil 693.5 pesos, correspondientes con el capítulo 1000 de ‘Servicios personales’.

Además, se reintegraron extemporáneamente a la TESOFE los rendimientos financieros no comprometidos y no pagados, al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de marzo de 2023, respectivamente, por saldos bancarios disponibles en las cuentas bancarias en las que se administraron los recursos del fondo, por mil 508.9 pesos.

Se identificó que existe un monto por aclarar por 21 millones 202 mil 317.59 pesos, es decir, esto pudiera significar un daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal por 21 mil 202.3 pesos, el 1.1 por ciento de la muestra auditada.

Un segundo punto auditado por la ASF fue el del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral para el cual se tuvo un monto total de 869 mil 413.2 pesos, de los cuales se analizó el 60.2 por ciento, es decir, la muestra auditada fue por 523 mil 120.5 pesos.

Cabe mencionar que, de los recursos en especie y compra consolidada acordados para su entrega por la Federación por medio del INSABI por 208 mil 659.2 pesos, Tlaxcala reportó la recepción de insumos por 24 mil 441.2 pesos, sin que a la fecha de la auditoría el INSABI conciliara ni notificara al Estado el monto de estos recursos.

Se determinaron incumplimientos de la normativa e inconsistencias erogaciones con cargo en los recursos del programa referentes a la nómina del personal «Eventual»; además, no se registraron contable ni presupuestariamente los rendimientos financieros generados, al 31 de marzo de 2023, en la cuenta bancaria del OPD Salud de Tlaxcala.

Tampoco se destinaron los recursos no devengados al objeto del programa; por realizar pagos, por 20 mil 628.1 pesos, por la prestación «P30 Compensaciones adicionales por servicios especiales», concepto no autorizado para financiarse con los recursos del programa; por realizar pagos por 778.8 pesos, con los recursos del programa, sin acreditar con evidencia documental la entrega de los bienes, de conformidad con los plazos y lugares.

Ello, entre otras anomalías por las que se determinó un monto por aclarar por 23 millones 663 mil 759.02 pesos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 23 mil 663.8 pesos.