15 de febrero - 2024
Exigieron regulación del Relleno Sanitario
Por Selene Sosa
Derivado de distintos hechos delictivos que han ocurrido en Nanacamilpa, este jueves un grupo de pobladores se manifestaron en la Presidencia Municipal para exigir al edil, Oswaldo Manuel Romano Valdés, mayor seguridad, así como solucionar el asunto de la basura.
Con pancartas en mano, las y los quejosos arribaron al Ayuntamiento de Nanacamilpa, en donde, tras pegar sus cartulinas, fueron recibidos por el alcalde, a quien le reclamaron por la falta de elementos de seguridad en las calles del municipio y los «pretextos» de los mismos.
Si bien las autoridades estatales, empezando por la titular del Poder Ejecutivo Local, Lorena Cuéllar Cisneros, han reconocido una deficiencia en cuanto al número de elementos policiales, los inconformes exigieron acciones inmediatas para procurar su seguridad.
En respuesta, Oswaldo Romano se comprometió a designar mayor personal, toda vez que adelantó la reapertura de la convocatoria para formar parte de la Policía Municipal, respuesta que disgustó a los pobladores, quienes acusaron a los elementos de seguridad de no trabajar y ser corruptos.
Y es que, continuaron, cuando los ciudadanos requieren los servicios, los uniformados pretextan que no cuentan con gasolina en sus unidades, ejemplificaron, además de que, resaltaron, han sido los propios pobladores quienes detienen a los delincuentes.
En la discusión que se llevó a cabo frente a la Presidencia Municipal y con la asistencia de policías municipales, estatales y de la Guardia Nacional (GN) , personal del cabildo puntualizó que la seguridad es responsabilidad de todos, tanto del pueblo como del Ayuntamiento.
Esto último molestó a los manifestantes, quienes señalaron que las autoridades municipales son quienes permiten que ocurran hechos como los acontecidos recientemente en materia de migrantes y homicidios, así como robos.
Bajo este tenor, los servidores alegaron que ellos cumplen con atender las incidencias delictivas hasta donde da su competencia, ya que el resto del proceso corresponde al Estado, es decir, a la Procuraduría General de Justicia (PGJE), a cargo de Ernestina Carro Roldán.