El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) señala que la escasa disposición política para entablar diálogo y consulta con los familiares evidencia un menosprecio hacia ellos y contraviene la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

Fuente: PROCESO

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) demandó al gobierno federal y a los gobiernos locales reafirmar su compromiso con los principios de la Ley de Desaparición y reconocer la magnitud de la tragedia, así como su aporte histórico??.

Al cumplirse el sexto aniversario de la Ley de Desaparición, el movimiento, formado por 86 colectivos de 25 estados de la República Mexicana y de tres países de Centroamérica, emitió un comunicado en el que señala que, en lo que va de este sexenio, las familias de personas desaparecidas han trabajado con tenacidad, coraje y a menudo con desesperación.

Lo han hecho, agrega el comunicado, colaborando estrechamente con los gobiernos federal y estatal para crear y operar instituciones dedicadas a la búsqueda de nuestros seres queridos.

Sin embargo, en el comunicado se advierte que el país se encuentra ahora en un momento crítico, pues el gobierno federal está desmantelando las estructuras que se crearon para enfrentar esta crisis que sigue desgarrando el tejido social, desmantelamiento que crea incertidumbre, temores de retrocesos y una sensación de desdén hacia las víctimas de desaparición de este país.

Un censo de desaparecidos opaco
El MNDM considera que el “censo” de desaparecidos que está realizando el gobierno federal carece de transparencia, metodología y no fue consultado ni con las familias ni con la sociedad, lo que no permite dar credibilidad a los datos presentados.

‘Es un claro intento de debilitar al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, establecido por la Ley General y sostenido por las fiscalías y las comisiones de búsqueda estatales’, señala.

Indica que la opacidad gubernamental en esta iniciativa, particularmente en el actual contexto electoral, sugiere un despropósito: manipular las cifras de desaparecidos con el propósito de minimizar la gravedad de la situación.

En tal sentido, afirma que la significativa reducción de personal en la Comisión Nacional de Búsqueda y en el Centro Nacional de Identificación Humana, sin un diagnóstico público ni un plan de trabajo claro, muestra una falta de preparación y de visión para el futuro.

‘La escasa disposición política para entablar diálogo y consulta con las familias de personas desaparecidas evidencia un menosprecio hacia ellas, contraviniendo el principio fundamental de la Ley General que enfatiza: ‘¡Sin las familias, no!’’, denuncia.