Por Selene Sosa

Las instalaciones de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), continúan tomadas por las y los trabajadores de la educación adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), luego de que estalló el conflicto el pasado jueves por el asunto contra el responsable de Contraloría Interna, Edmundo Vázquez José.

Aunque este lunes personal de Gobernación acudió a las afueras de la dependencia, a cargo de Homero Meneses Hernández, para exhortar a las y los inconformes a liberar las inmediaciones ya que, de lo contrario, amenazó, están violentando el derecho al trabajo de quienes ‘quieren entrar a trabajar’, en su mayoría directivos.

Los basificados se negaron a liberar la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), puesto que acusaron que no han tenido solución al problema desde hace meses, ya que existe un conflicto de intereses entre la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Eréndira Cova Brindis y Vázquez José.

Asimismo, señalaron que los procesos están trabados y el funcionario en cuestión no fue suspendido, amedrentando los derechos de quienes denunciaron los supuestos abusos cometidos por tal personaje, toda vez que cuestionaron el motivo de la orden de aprehensión en contra de la responsable de la D-III-1, Gwendolyn Amaro.

No obstante, personal de Gobernación evadió los cuestionamientos y reiteró el exhorto a liberar las instalaciones y establecer una mesa de diálogo, a los que las y los quejosos exigieron el retiro de elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a cargo de Alberto Perea Marrufo, quienes ‘se colaron’ por las privadas aledañas al inmueble.

Sin embargo, personal de Gobernación se negó a retirarlos, alegando que, de no liberar el edificio, los trabajadores estarían incurriendo en el delito de secuestro, además de ‘vulnerar’ el derecho al trabajo de quienes ‘quieren entrar a trabajar’, en su mayoría, directivos, según testimonios de los sindicalizados.

Al momento, la SEPE-USET permanece ‘tomada’ por los basificados, mientras que la SSC mantiene a elementos antimotines al interior y, todo ello sucede en ausencia de personal de la SFP y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), a cargo de Jakqueline Ordóñez Brasdefer.