De acuerdo al Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE) y Federal (CNDH)

Por Selene Sosa

Durante 2022, en Tlaxcala se registraron 698 “Hechos Presuntamente Violatorios de Derechos Humanos”, según el Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE) y Federal (CNDH), realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que colocó a la entidad en segundo lugar a nivel nacional entre las entidades con las cifras más bajas.

En este sentido, el instituto cuantificó 156 mil 743 a nivel nacional, de los cuales, 132 mil 994 fueron de organismos estatales y 23 mil 749 de la CNDH, sin embargo, Tlaxcala reportó 698 eventos de esta naturaleza por ambos organismos, 69 de la CNDH y 629 por la Comisión Estatal.

Aunque en su informe anual de actividades, tanto de 2022 como de 2023, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) presumió diversos “logros”, el INEGI enfatizó que dicho organismo autónomo fue, a nivel nacional, el segundo que registró el menor número de violaciones.

La primera entidad con el menor número de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos fue Baja California Sur con 271, dejando en tercer lugar a Aguascalientes con 764, seguida por Campeche con 820 y Sinaloa con 821.

Aunque pareciera que en Tlaxcala se tiene una baja incidencia de violaciones a derechos humanos, activistas locales han señalado el posible conflicto de intereses que existe entre quien preside el organismo autónomo, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, y la titular del Poder Ejecutivo Local, Lorena Cuéllar Cisneros.

Esto, recalcan, interfiere en que la CEDHT sea verdaderamente autónoma, puesto que existen testimonios que evidencian dicho “conflicto”, como en el caso de Eliseo Arteaga, ex funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) quien quiso presentar una denuncia y no recibió la atención adecuada porque el asunto era en contra del actual titular de la Secretaría de Gobierno (SEGOB).

O el caso de Pedro Francisco N., de Guanajuato, a quien la CEDHT “intentó persuadir” de presentar la queja contra la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y, desde luego, el caso de la ex directora del Centro de Justicia para Mujeres (CJM), Yeny Charrez Carlos, quien optó por buscar a la CNDH ante la omisión de la Comisión Estatal. 

Además de que las recomendaciones emitidas por el organismo encargado de proteger los derechos humanos en Tlaxcala han sido calificadas como “tibias” por activistas, defensores de derechos humanos y actores políticos.