Por José Luis Ahuactzin

Se trata del aspirante a la titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Said Corona Torres, quien promovió una demanda de amparo constitucional contra el Congreso de Tlaxcala, por excluirlo del proceso de selección que concluyó con la designación del actual auditor Arturo Lucio Salas Miguela, ex asesor del secretario de Finanzas del gobierno de Lorena Cuéllar.

El aspirante demandó de manera directa al Poder Legislativo por ‘la determinación del 16 de octubre, dentro del proceso de selección para ocupar el cargo de Auditor de Fiscalización Superior, mediante el cual se le excluye como aspirante a ocupar dicho cargo…’.

Al radicarse la demanda de amparo con el número de expediente 1551/2023, el Juzgado Tercero de Distrito del Vigésimo Octavo Circuito con sede en Tlaxcala, determinó conceder la suspensión provisional.

Pese a que el juzgador señaló que los actos del Poder Legislativo, con relación a los nombramientos en este caso del OFS, son soberanos y discrecionales, también determinaron admitir a trámite por ser un asunto que atacó el proceso de designación y no propiamente la designación por los diputados locales.

‘Cuestión que permite que el control constitucional no se encuentre vedado de manera absoluta, ya que posibilita a los servidores públicos incoados acceder ante un Tribunal para confrontar si el actuar del Poder Legislativo se encuentra apegado al principio de legalidad, en cuanto al cumplimiento de las formalidades del procedimiento se refiere y que, precisamente, le son impuestas por virtud de un mandato legal, para encontrarse en aptitud de emitir esa decisión «soberana o discrecional» y, en su caso, obtener una determinación que declare la ilegalidad del procedimiento al resultar viciado…’.