Suma 340 en lo que va de la administración estatal

Por Selene Sosa

Las quejas contra funcionarios y servidores han sido una constante, así lo reveló la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Eréndira Cova Brindis, quien indicó que, la Secretaría de Salud (SESA), a cargo de Rigoberto Zamudio Meneses, es la institución que más quejas acumula.

En entrevista colectiva, la funcionaria detalló que dicha dependencia local concentra 340 quejas ante la SFP en lo que va de la administración, de las cuales, 81 se presentaron en 2021, para el 2022 fueron 148 y en lo que va del 2023, la SESA ha acumulado 111 quejas.

A decir de Cova Brindis, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), bajo la tutela de Ernestina Carro Roldán, es la segunda instancia con más quejas en contra de funcionarios y servidores, sin embargo, no detalló la cifra de las mismas, no obstante, en 2021 fueron tres.

Para 2022, las quejas contra la Procuraduría ascendieron a 79, sin embargo, la titular de la Función Pública omitió especificar cuántas se acumulan en lo que va de 2023; a colación, es preciso recordar que en la PGJE un joven fue torturado hasta perder la vida y por los hechos no hay detenidos.

La tercera dependencia que presenta más quejas es la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), que en lo que va de la administración estatal de Lorena Cuéllar Cisneros, ha cambiado en tres ocasiones de responsable, iniciando con Luz María Vázquez Ávila, seguida por Juan Tapia Pelcastre y actualmente Marco Tulio Munive Temoltzin.

En total, en 2021 hubo 97 quejas, para 2022 incrementaron a 594 y de enero a septiembre de este año se han acumulado 536. En este sentido, Eréndira Cova refirió que el aumento se debe a que la dependencia a su cargo ha colocado buzones en todas las dependencias y ha realizado campañas de difusión para que los usuarios denuncien.

Sobre las causas, la secretaria reconoció que hay algunas por acoso sexual y acoso laboral, pero otras tantas «hasta porque el policía de la entrada los recibió mal», no obstante, todas son turnadas a los responsables de las instituciones de gobierno para que sean atendidas, mientras que la SFP vigila el seguimiento de las mismas.

Bajo este tenor, la ex priísta refirió que, depende de cada instancia la sanción aplicada al funcionario que incurrió en alguna falta, que podría ir desde un acta administrativa, cambio de área de trabajo, hasta la pérdida del empleo.