Por José Luis Ahuactzin

Se trata de la coordinadora de General de Comunicación del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, Angélica Domínguez, a quien el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), le observó un daño patrimonial por 205 mil 532.25 pesos del ejercicio fiscal del 2022.

El informe de resultados individuales de fiscalización, evidenció que de la oficina encargada de la promoción y propaganda del gobierno estatal, se desviaron fondos públicos por ‘el pago de bienes y servicios sin acreditar su recepción y aplicación…’, señaló el informe.

Derivado de ello, el OFS evidenció que la dependencia simuló la compra con proveedor no localizado con facturas 4867 y 4713, de productos como 10 paquetes de galletas Marian, 7 paquetes de galletas Magma, 2 charolas de refresco de lata coca cola cero, 4 charolas de refresco de lata sprite, 4 charolas de refresco sabor naranja, 10 frascos de Nescafé de 120 gramos, 3 paquetes de Barritas.

Adicionalmente, 2 bolsas de dulces de 500 gramos, 2 bolsas de cacahuates salados de 500 gramos, 2 bolsas de cacahuates enchilados de 500 gramos, 25 paquetes de cacahuates tipo japonés de 500 granos y 8 paquetes de galletas saladas de 500 gramos.

El total de ambas facturas que se pagaron bajo la simulación del proveedor, fue por 14 mil 218.30 pesos.

Y una segunda observación por daño patrimonial fue por la adquisición de combustible vía pago a la empresa MEDWAG México SA de CV., a través de 9 pagos de los que se presentaron faltantes de entre 40 y 41;mil pesos por transacción.

Adicionalmente realizaron 6 pagos a la empresa Sí Vale México SA de CV., entre los cuales se observó un faltante de 5 mil pesos por cada pago realizado; en total se observó un gasto por 205 mil 532.25 pesos.

Por si fuera poco, la dependencia no presentó durante el 2022 un Reglamento Interior, Manuales de Organización y Procedimientos, bajo la justificación de que la anterior administración no le fueron entregados los instrumentos normativos en mención, pero de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública le establece 120 días, 4 meses, contados a partir de su nombramiento, para la elaboración, revisión, aprobación, y expedición de su normatividad interna; es decir que desde enero del 2022 debió generarlos, pues asumió funciones en septiembre de 2021.