En el discurso fue desaparecida la palabra “trata de personas”, ello le valió una dura carta pública de una investigadora en el delito y la denuncia pública de Rosy Orozco

Organizaciones contabilizan 51 feminicidios desde la llegada de Lorena Cuéllar 

Por Selene Sosa y Edgardo Cabrera

A escasos dos meses de cumplir dos años en la gubernatura bajo el lema de “Una Nueva Historia”, a la administración de Lorena Cuéllar Cisneros se le acumularon 51 feminicidios contabilizados por organizaciones y activistas, también en ese lapso suman dos marchas reprimidas por la policía estatal, incluso con disparos de chorros de agua a presión desde una tanqueta y la colocación de vallas de acero alrededor del palacio de gobierno, en pleno 8 de marzo, día internacional de la mujer. 

Aún cuando en campaña por la gubernatura, la entonces candidata morenista, advirtió de la gravedad de la trata de personas en Tlaxcala, lo que “no es para nadie desconocido” https://bit.ly/3o643QE, desde su llegada al poder eliminó del discurso y la estadística el delito, ello le valió un severo señalamiento de la activista internacional contra este flagelo, Rosy Orozco, quien la acusó de hacer “tratos con tratantes” para liberar a dos infantes secuestrados a una víctima de prostitución https://bit.ly/3OGfHwv, pero también, una carta pública de la antropóloga de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Ixchel Yglesias, quien calificó a la mandataria estatal como “la gran proxeneta” https://bit.ly/43areYJ . 

Las violencias del gobierno de Cuéllar son también contra funcionarias y empleadas, en agosto de 2022 la directora del Centro de Justicia para Mujeres, Yeny Charrez fue despedida luego de evidenciar y denunciar una serie de omisiones legales en la actuación del gobierno, entre ellas desvío de recursos en esa dependencia y, no solo eso, ella misma transmitió en vivo por medio de su cuenta de facebook https://bit.ly/42WlfY0 el momento en que una veintena de policías ministeriales, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Función Pública y Órgano de Fiscalización, encabezados por la sub procuradora General de Justicia, Azucena Jiménez Pacheco, llegaron a su oficina para “hacer válida” una supuesta renuncia voluntaria que nunca exhibieron.

En materia de procuración de justicia, las quejas por impunidad, fabricación de delitos, desapariciones de mujeres y niñas, así como la ausencia del esclarecimiento de muertes, son la constante, como el de la joven huamantleca Ana Laura -N-, de 23 años de edad, hallada sin vida en junio de 2022 luego de tres meses desaparecida, y cuyo presunto responsable fue torturado y asesinado por elementos ministeriales de la PGJE, hechos que permanecen sin esclarecerse.

Además, en el anexo femenil del Centro de Reinserción Social de Apizaco, familiares y organizaciones han denunciado al menos dos casos de mujeres detenidas injustamente, sin sentencia y con procesos alejados de la “celeridad” que prometió el nuevo sistema penal acusatorio.

Tal es el caso de Karla -N-, oriunda de Oaxaca, quien se desempeñaba como Ministerio Público en el estado de Puebla, acusada en 2019 de ser autora material del feminicidio en Tlaxcala de la ex esposa de su supuesta pareja sentimental, sin embargo, los rasgos físicos de la verdadera asesina videograbada así como la circunstancia, modo y lugar la muestran ajena al hecho.

En la misma circusntancia está Itzel -N-, acusada de 14 delitos por su ex pareja Rigoberto, está presa en Apizaco desde 2021. Su defensa y las activistas que la respaldan, sostienen que todo se trata de una maquinación del influyente ex marido con tal de separarla de sus hijos.

También está la ausencia de sentencia para el feminicida confeso de Cecilia -N-, cuyo padre Efrén López, ex diputado local perredista y ex alcalde, implora por justicia desde el 14 de mayo de 2021, incluso ha realizado marchas en solitario desde su natal Cuapiaxtla hasta la capital del estado en demanda de sentencia.

A la lista de violencias que acumula el gobierno morenista de Lorena Cuéllar Cisneros, se suma la reciente denuncia en contra de unos de sus funcionarios, el secretario de Medio Ambiente, Luis Antonio Ramírez Hernández, cuya ex esposa, Tania Vianey Rodríguez, pidió publicamente la intervención de la mandataria para que se le hagan las deducciones correspondientes a la nómina para que cumpla con las obligaciones alimentarias con su menor hijo, de ello recibió como respuesta una negativa, incluso la mandataria dijo desconocer el caso cuando la propia gobernadora fue testiga y madrina en la boda, además, recientemente el Congreso del estado avaló la 3 de 3 contra violentadores o deudores alimentarios.  

LAS MUERTAS QUE SE OCULTAN

Organizaciones civiles contabilizan 51 feminicidios desde la llegada de Lorena Cuéllar al poder, en contraste, su administración solo reconoce ocho.

De acuerdo a los registros del colectivo «Mujer y Utopía», de septiembre a diciembre del año 2021, cuando asumió las riendas la morenista, se contabilizaron 10 asesinatos. En el año 2022 fueron 30 los que registraron y documentaron, y en lo que va del presente 2023, suman 11, el último registrado el pasado 09 de junio en Teolocholco.

En contraste, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó 10 feminicidios en 2021, de los cuales 2 fueron entre septiembre y diciembre. En el año 2022, 3 feminicidios y en 2023 otros 3.

Pero más allá de las cifras, que de acuerdo con las activistas son ocultadas, o reclasificados los delitos a homicidios, en septiembre del año 2022 consternó a la sociedad tlaxcalteca la muerte de Donaji -N-, esposa del ex director administrativo del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) del gobierno de Cuéllar. En redes sociales responsabilizaron a su pareja del posible feminicidio, en tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado se apresuró a desestimar una causa violenta y deslizó la hipótesis, mediante un comunicado de prensa, de un suicidio. https://bit.ly/3WCH10n

Sin embargo, en abril pasado los padres acreditaron ante la justicia federal ser ofendidos o víctimas por la muerte de su hija de 38 años de edad, y lograron que el Ministerio Público reabriera el caso, dejó sin efectos su resolución de 22 de diciembre de 2022 que pretendía darla por cerrada al no haber delito que perseguir.

Además de las muertes, la primera anualidad completa de la presente administración, hablamos del 2022, se tuvo el peor registro de violencia familiar desde el año 2015, al contabilizar 275 casos, además de 25 violaciones.

Otro delito que preocupa a las organizaciones civiles es la desaparación de mujeres, la mayoría niñas o adolescentes, suman 358 reportadas, de las cuales 348 fueron localizadas, 9 se encuentran ilocalizables y una fue cancelada por la persona reportante. 

De acuerdo con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Tlaxcala, de ese número, 207 fueron menores de edad y 151 mayores de edad, y si bien 348 fueron encontradas con vida, 7 fueron asesinadas y 2 perdieron la vida en accidentes.