Por Felipe Hernández Hernández

Un largo camino se ha recorrido en la búsqueda de un equilibrio en los procesos electorales; muy lejano parece lo que acontecía en el siglo pasado donde lo único que importaba era la decisión del máximo gobernante, el Gran Elector, quien decidía en nombre de los ciudadanos quien sería la persona que debía sucederlo.

Las principales demandas que durante muchos años se hicieron para perfeccionar nuestro sistema político fueron limitar los tiempos electorales, disminuir el dispendio de recursos públicos, incluir la representación de las minorías en los distintos niveles de gobierno, propiciar la equidad de género en la participación política, dar mayor claridad y control al gasto de los partidos y candidatos durante los procesos electorales, favorecer una mayor equidad en la participación política, pero sobre todo tener una autoridad electoral imparcial, autónoma y profesional que ciña sus actos a las disposiciones jurídicas establecidas. 

El propósito superior de estas demandas fue dar mayor certeza y equidad a los procesos electorales a fin de respetar y cumplir la decisión del ciudadano.

Sin duda alguna que se ha avanzado en ese sentido, de tal modo que nuestra democracia actual, sin ser perfecta, ha establecido reglas más claras a las que se tienen que ajustar tanto los aspirantes y candidatos como los gobernantes. Este hecho contribuye no solo al mejoramiento de las condiciones de la vida material, sino también de la vida política, económica y cultural de nuestro país.

Sin embargo, actualmente la realidad social muestra algo diferente. Desde hace varios meses se observa en las calles de las ciudades, pueblos y colonias, una intensa propaganda adelantada de quienes aspiran a un cargo de elección, los medios de comunicación y las redes sociales también se han visto saturadas por este tipo de mensajes, no subliminales, sino directos donde buscan posicionarse en el ánimo de la colectividad como las mejores personas para determinado cargo público.

Las reuniones masivas abiertas o reservadas dan pie a pensar que ahora todo está permitido, que quienes participan en la arena política sin respeto a las normas electorales, hagan lo que hagan, no tendrá sanción alguna, parece que se guían con la máxima: en la guerra -política- y en el amor todo se vale. ¿Eso será cierto?

La autoridad electoral ha enfrentado en los últimos años un intenso asedio desde múltiples frentes, de tal manera que actualmente se percibe como una autoridad maniatada, acotada, disminuida, e incluso amenazada, a efecto de que no intervenga y deje las cosas como están, de que permita todo, de que no ejerza su autoridad, pero en caso de que actúe esperan que lo haga para validar sus actos.

En cierto modo parece que se ha cumplido el propósito de campañas anteriores cuando se propusieron desaparecer las instituciones, y en los casos donde no han podido, han buscado disminuir sus atribuciones, neutralizar sus actos o que sus titulares sean afines a su grupo político para que no cuestionen sus acciones.

El artículo 128 de nuestra Carta Magna establece que todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión del cargo debe tomar la protesta de rigor y prometer “cumplir y hacer cumplir la constitución, así como las leyes y reglamentos que de ella emanen”, estas palabras significan que su conducta como servidor público se debe ajustar a todas las disposiciones legales establecidas.

Desafortunadamente, en los hechos no sucede así, por ejemplo, los funcionarios públicos aduciendo que lo hacen fuera de sus horas de trabajo o en fines de semana, participan sin ningún recato en actos proselitistas de carácter político, entonces uno se pregunta sí en estos días la ciudadanía se queda sin autoridades porque están en sus días libres, pero que ocurre cuando en fines de semana acuden y participan como autoridades en reuniones, eventos públicos y ceremonias oficiales, entonces sí son autoridades. Como coloquialmente se dice: ¿somos o no somos?

La toma de protesta no es un simple acto protocolario, tiene una gran relevancia porque implica la asunción al cargo público, el reconocimiento como autoridad y la promesa de conducirse conforme señalan las normas vigentes.

En el caso del funcionario que pretende un nuevo cargo público y no cumple lo que dictan las leyes, se podría pensar que su conducta tiene un vicio de origen, de no cumplir con la ley, entonces la cuestión es, sí para llegar no respeta la ley ¿lo hará una vez en el cargo público? Uno vuelve a dudar.

El servidor público está obligado a conducirse con honestidad, prudencia y decoro, como decía José Martí, su conducta es ejemplo para la ciudadanía, es por congruencia, dignidad y decoro.

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