Fuente: ANIMAL POLÍTICO

Especialistas señalan que no se plantea un “traslado” sino un desmantelamiento, que no se eficientan los recursos públicos y que se pierde el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa de simplificación orgánica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para pasar el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) no es un simple “traslado” de funciones sino que en los hechos lo desmantela, y tampoco eficienta los recursos públicos y pierde el enfoque de derechos humanos, señalan especialistas.

La propuesta del Ejecutivo federal fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 18 de abril e involucra cambios en 18 instituciones. Desde entonces, organizaciones de la sociedad civil han manifestado preocupación al considerarla un retroceso. Y aunque de momento se postergó la votación de la iniciativa, las agrupaciones inconformes se mantienen alerta de cara al próximo periodo.

“El mes de abril debería ser un periodo para establecer y cumplir compromisos a favor de los derechos de la niñez y no para arrebatarles los logros que, después de tanto tiempo y con tanto esfuerzo, se han obtenido”, sostuvo en un comunicado Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Del enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes al asistencialismo 

La iniciativa del presidente busca que el aparato burocrático se aboque a la satisfacción de los derechos. Sin embargo, para Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, la principal afectación si el Sipinna se traslada al DIF es que niñas, niños y adolescentes pasarían de ser sujetos de derechos a objetos de asistencia.

“Venimos de un largo camino de décadas de buscar que niños y niñas sean reconocidos como personas con derechos propios, el país ha ido avanzando muy, muy lento en este reconocimiento. Antes de la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños, la noción que el Estado mexicano tenía de la infancia era solo como objeto de asistencia, es decir, solo como víctimas y propiedad privada de las familias”, dice en entrevista Pérez García.

El artículo 125 establece la creación del Sipinna como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La ley, aprobada en 2014, fue presentada como iniciativa preferente por el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, al Congreso de la Unión desde el 1 de septiembre. El documento integró contribuciones de la sociedad civil, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y ambas cámaras del Poder Legislativo.

Actualmente, el Sipinna es un órgano descentralizado de la Secretaría de Gobernación (Segob), un área de gobernanza.

“Desde su diseño, el sistema está presidido por el presidente de la República y se ubica en la Secretaría de Gobernación, por ser esta la dependencia que está facultada para coordinar a los secretarios de Estado y a los demás funcionarios de la administración pública federal”, pronunció Nancy Ramírez, directora de incidencia política y temas globales de Save the Children, en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados el martes 24 de abril.

Llevar al Sipinna como unidad administrativa del DIF, que se rige, entre otras, por la Ley de Asistencia Social, implicaría que estuviera en la Secretaría de Salud (SSa). Asimismo, el DIF no cuenta con las facultades para coordinar la gran política de Estado en materia de niñez, ni para coordinar a otras secretarías.

“Esto nos devolvería al México de hace 40 o 50 años, antes de la Convención de los Derechos de la Niñez, en donde se pensaba que una sola institución, de carácter asistencial, podía hacerse cargo de la tercera parte de la población”, mencionó Ramírez Hernández, de la Redim, en la rueda de prensa.

¿Eficientar recursos públicos del Sipinna al DIF?

Con su iniciativa, el presidente busca racionalizar la estructura orgánica de la administración pública federal con el fin de eficientar los recursos públicos. Sobre trasladar el Sipinna al DIF, la propuesta sostiene que “las adecuaciones presupuestarias necesarias para estos efectos serán realizadas por las instancias que correspondan de forma compensada”. 

Pero organizaciones de la sociedad civil ponen en duda que habría un ahorro de recursos públicos. El presupuesto del Sipinna está calculado en 73 millones de pesos al año, mientras que el del DIF es 20 veces mayor, o sea, de mil 466 millones de pesos anuales, de acuerdo con un comunicado de la Redim.

El coordinador de Tejiendo Redes Infancia explica que en momentos de crisis económicas puede haber recortes presupuestales y ajustes institucionales, pero estos nunca pueden ser regresivos ni estar en contra del interés superior de la niñez.

“Creo que hay evidencia documentada de que el Sipinna como mecanismo de coordinación es muy eficaz, muy eficiente y ahorra recursos. Pero agregaría otro componente: genera prevención, a diferencia de estar esperando que lleguen las niñas y niños como víctimas al DIF”, indica en entrevista Pérez García.