Iniciaron su andar en el antiguo Asta Bandera, se detuvieron frente a Palacio de Gobierno y luego continuaron hacia el CERESO de Tlaxcala

Por Selene Sosa

En punto de las 9 de la mañana, pobladores de pueblos originarios, encabezados por habitantes de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, iniciaron una marcha desde el Antiguo Asta Bandera, pasando por Palacio de Gobierno para continuar hasta el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tlaxcala, para exigir la liberación de Saúl N. y Raymundo N.

Hay que recordar que, el presidente de comunidad y el tiaxca de Tlalcuapan, respectivamente, fueron privados de su libertad por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el pasado 14 de julio por el linchamiento de una persona en abril del año pasado también.

Luego de ello, los pobladores de Tlalcuapan emprendieron varias movilizaciones para exigir la liberación de sus representantes, puesto que, aseguran, las evidencias de su inocencia son suficientes para su inmediata liberación.

Incluso, durante una visita del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, uno de los hijos de los señalados, burló la valla de seguridad para llegar a donde el titular del Ejecutivo Federal para solicitarle su intervención en el caso.

Así, a ocho meses de la detención, las familias de Saúl N. y Raymundo N., así como los pobladores de Tlalcuapan, comunidad de Chiautempan, a quienes se les han sumado habitantes de otros pueblos originarios de la misma demarcación y de La Magdalena Tlaltelulco, San Luis Teolocholco y San Francisco Tetlanohcan, continúan pidiendo justicia y su liberación.

En su trayecto, los pobladores de la comunidad regida por Usos y Costumbres, recordaron a sus representantes que no están solos, toda vez que, instalados en la Plaza de Constitución, frente a Palacio de Gobierno, reprocharon a la titular del Ejecutivo Local, Lorena Cuéllar Cisneros, su nula respuesta ante las solicitudes de audiencia.

Asimismo, dieron lectura a un posicionamiento, en el que puntualizaron, “Nos pronunciamos ante los actos de injusticia y represión que hemos vividos y han conducido al encarcelamiento de nuestros compañeros… presos injustamente desde hace ocho meses, consideramos que se trata de un caso de criminalización a personas defensoras de la tierra, el territorio y el bosque como una forma de castigo para frenar los procesos organizativos ante la tala ilegal”.

Bajo este orden de ideas, los pobladores externaron que sus representantes, Saúl N, presidente auxiliar y Raymundo N., tiaxca de la comunidad, son personas que han defendido el territorio y los árboles del Parque Nacional Malintzi ante la tala clandestina y han obstaculizado que se lucre con los recursos de la misma, situación que, a su parecer, impide actos de corrupción del propio gobierno del estado.

De ahí que, el linchamiento de un supuesto delincuente, haya sido el pretexto de la PGJE, a cargo de Ernestina Carro Roldán, para la detención y vinculación a proceso de los implicados por el delito de homicidio calificado. “Los defensores forman parte de este pueblo y han sido víctimas de una serie de violaciones a sus derechos humanos, desde el momento de la detención”, reprocharon.

Sin embargo, recordaron que, como pueblo, han confiado en las autoridades y han sido respetuosos de los procesos, pese a que estos han estado colmados de irregularidades, además de que han presentado las pruebas de la inocencia de Saúl N. y Francisco N.

“A pesar que somos pueblos originarios, el Gobierno del Estado de Tlaxcala no ha considerado esta condición para juzgar con una perspectiva intercultural adecuada, por lo que exigimos a las autoridades del Estado… al Gobierno Federal y a la Procuraduría… alto a la criminalización a los defensores del territorio y la inmediata liberación de Saúl y Raymundo, justicia para nuestros líderes… cese a la represión, intimidación, persecución y violencia hacia nuestras formas de vida, respeto a nuestras comunidades… y territorio”, culminaron.