Señalaron al Ayuntamiento de Hueyotlipan y a funcionaria de la PGJE de solapar dichos abusos

Por Selene Sosa

Como este medio dio cuenta, hace poco más de un mes Anel N., pobladora de Hueyotlipan, recibió una golpiza por parte de la esposa y suegra del Director de Seguridad Pública Municipal, ahora, las supuestas agresoras interpusieron una orden de restricción contra su víctima quien, incluso, continúa recuperándose de las agresiones físicas.

Hay que recordar que, familiares de Anel N., quienes han sido objeto de amenazas por parte de las familiares del funcionario municipal, señalaron los hechos y acusaron que tanto el edil, Luis Ángel Roldán Carrillo, como la ex alcaldesa, Lilian Rodríguez Becerra, quien actualmente se desempeña en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) han “frenado” las denuncias.

Esto, dijeron, estaría incurriendo en delitos como corrupción e influyentismo, al encubrir a Araceli N. y Magdalena N., esposa y suegra respectivamente de Juan Manuel N., funcionario de seguridad en el Ayuntamiento de Hueyotlipan.

Lo grave del caso, además de lo ya mencionado, es que, según información proporcionada por los familiares de la mujer agredida, Anel N., su principal victimaria, Araceli N., presentó una orden de restricción en su contra.

El documento con número de oficio 193/2023, emitido al propio funcionario señalado, dicta “…Se impuso medida de protección dentro de la Carpeta de Investigación citada al rubro, iniciada por el hecho que la ley señala como delito de Lesiones y Amenazas cometido en agravio de Araceli… y Juan Manuel… en contra de la imputada Anel… y Jesús…”

De este modo, los supuestos agresores establecieron que Anel N., tiene prohibido “Acercarse o comunicarse con la víctima”, tiene “Limitaciones para asistir o acercarse al domicilio… o al lugar donde se encuentren”; esto durante dos meses, reportando informes quincenales del cumplimiento de lo ordenado.

Además, en caso de que Anel N. o Jesús N. no cumplan con dicha orden de restricción, serán acreedores a una multa económica de 144 días de salario del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El oficio está firmado por la Agente del Ministerio Público, María Daroy Hernández Meneses del Juzgado Civil y