Por José Luis Ahuactzin

Desde este jueves, en Tlaxcala inició funciones la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cuyas instalaciones están adjuntas al edificio que alberga el Juzgado de Distrito de Sánchez  Piedras, Apizaco.

Y aunque entró en vigor 5 años después de lo que ordenó la Ley General en la materia, Tlaxcala ya cuenta con una Fiscalía Especializada, pero dependerá de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a cargo de Ernestina Carro Roldan.

De acuerdo con el Decreto publicado en el Periódico Oficial del gobierno morenista, señala que en un plazo máximo de 90 días, a partir de la entrada en vigor, ‘Dentro de un plazo de noventa días naturales siguientes a la publicación del presente Decreto, la persona titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, realizará las modificaciones administrativas que resulten necesarias para garantizar el correcto y oportuno ejercicio de las funciones…’.

No obstante, señala que dicha Fiscalía podrá iniciar investigaciones de casos de tortura de oficio; es decir, sin que exista denuncia o querella, solo basta que sea por noticia o vista a la autoridad judicial, pero también puede ser por denuncia.

Además de ello, señala la norma que ‘en el caso de que la autoridad que tenga conocimiento de los hechos constitutivos del delito de tortura no tenga competencia para iniciar la investigación, deberá remitir el asunto de manera inmediata y por cualquier medio a las Fiscalías Especiales competentes…’.

Sobre los casos de tortura o expediente sobre otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que se hayan radicado posterior al 15 de febrero del 2018, ‘podrán solicitar que la carpeta de investigación sea remitida a la Fiscalía Especializada…’.

Aunque la Fiscalía ha sido creada, a la fecha se desconoce con cuánto personal operativo será integrado, desde Ministerio Público, policías de investigación, personal administrativo.