Por José Luis Ahuactzin

La fiscalización practicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) 2021, reveló una serie de irregularidades en el manejo financiero y administrativo, que hasta docentes fallecidos seguían cobrando su sueldo.

La auditoría practicada a los recursos provenientes del ‘Ejercicio y Destino de los Recursos Nóminas Estatales Subsidiadas’, se reveló que 15 trabajadores considerados como ‘decesos’ aún cobraron entre toda una bolsa cercana a los 300 mil pesos.

‘Las bases de datos de defunciones emitidas por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación, se comprobó que se realizaron 37 pagos por 276.4 miles de pesos a 15 trabajadores identificados como decesos en el ejercicio fiscal 2021 o ejercicios fiscales anteriores…’.

Tras detectar la irregularidad, la autoridad educativa, a través de sus áreas financieras, reintegró recurso a la Tesorería de la Federación, 94 mil 148.96 pesos, ya que 182 mil pesos 213.42 pesos, según el sector educativo presentó los cheques cancelados.

También se detectó que docentes con plaza en Tlaxcala, a la par fueron identificados con plazas en los estados de Oaxaca y Michoacán, refiere el informe individualizado de la auditoría.

De manera general, el dictamen de la SEP-USET, señala que revisó una muestra de 5 mil 384 millones 292.1 pesos, de un fondo total por 5 mil 944 millones 773.4 pesos miles de pesos, con corte al 31 de diciembre de 2021.

No obstante, al haberse cerrado el ejercicio fiscal del 2021, el gobierno lorenista gastó hasta el 2022 el 99.9 por ciento de los fondos transferidos por 5 mil 936 millones 215.2 mil; por lo que tuvo que reintegrar 3 millones 574.8 mil pesos.

La ASF detectó que a la autoridad educativa no le cuadraron las cifras entre lo que gastó y que presentó de comprobación,

‘No reportó con calidad y congruencia la información remitida en el cuarto trimestre

del formato Ejercicio del Gasto, ya que se observaron diferencias con los reportes financieros emitidos por la entidad fiscalizada, y las cifras presentadas no coincidieron con los registros presupuestales y contables…’.