Por Edgardo Cabrera

Dos estudiantes muertos y hasta el robo de las pertenencias a una víctima que acudió a pedir ayuda al Centro de Justicia para las Mujeres, reflejan la crisis de inseguridad que cobró una baja más en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, evidenciando que, pese al discurso, en Tlaxcala no hay estrategia contra la delincuencia.

No perdamos de vista que en menos de una semana fueron dos estudiantes muertos en el estado que dicen es el más seguro del país. La primera fue una normalista rural de Panotla y después un joven estudiante de la UAT, el Estado es responsable y cómplice en ambos casos.

La mañana del jueves Yair N. de solo 19 años de edad, fue asesinado, supuestamente al resistirse a un asalto por parte de dos sujetos que lo interceptaron cuando se encontraba camino a clases, en la comunidad de San Diego Xalpatlahuaya. El joven soñaba con ser veterinario.

¿Qué querrían robarle a Yair los delincuentes?, ¿a cuánto ascendió el botín que fue tan valioso como para arrancarle la vida? Libros y libretas, su teléfono celular, el dinero de sus pasajes y alimentos, no hay más, esas eran sus pertenencias por las que le propinaron tremenda golpiza.

Y los responsables del homicidio y el asalto ¿dónde están?, qué ha hecho la Procuraduría General de Justicia, ¿a quién presentarán?, si es que detienen a alguien. De nueva cuenta buscarán un chivo expiatorio y arrancarán confesiones con tortura.

La policía estatal qué hizo para prevenir, eso sí, mandan contingentes para reprimir protestas, o cientos de elementos desviados para resguardar la integridad de los funcionarios, empezando por la jefa, el resto de la población, como el universitario, se juegan la vida -literalmente- en las calles.

Es lamentable lo que ocurrió, y aún más lamentable el silencio, la impunidad y la falta de sensibilidad, siquiera para pedir disculpas por la ineficacia. El día que mataron a golpes a Yair, fue el mismo que el secretario González confirmó la salida del secretario de Seguridad y el trascendido de la llegada de un nuevo titular sobre quien pesan señalamientos de supuestos vínculos con la delincuencia organizada de Guerrero. 

DESESPERADAS

A una semana de que las protestas de las normalistas rurales de Panotla le costaran la vida a una de sus compañeras, como consecuencia del pésimo operativo para contenerlas con 350 granaderos bajo el mando de Ballesteros, el caso llegó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Ante la inacción del gobierno estatal y del organismo local defensor de derechos humanos, un grupo de alumnas fueron recibidas por María Rosario Piedra Ibarra y estuvieron acompañadas por la diputada federal morenista, Dulce Silva.

Fue mentira lo que dijo Homero Meneses y Sergio González en el sentido de que el caso ya estuviera resuelto y las molestias disipadas, el señor que cobra jugosamente como secretario de educación, y el otro por estar a cargo de la política interna, tienen responsabilidad por el deceso.

Sin importar que sea de su partido, Dulce Silva destacó frente a Piedra y a las propias normalistas, que el caso debe investigarse a fondo por los abusos de autoridad documentados y la muerte de Beatriz N., la joven normalista de 21 años, y es que en Tlaxcala hay desconfianza en las instituciones, ese es un hecho.