Por Edgardo Cabrera

La Triste Historia le asestó un nuevo golpe a la base trabajadora al otorgarles de forma discrecional un incremento directo a su salario de apenas 5 por ciento, cifra ridículamente inferior a la inflación que, para el caso de Tlaxcala y de acuerdo con el más reciente reporte del INEGI, alcanzó 8.57 en julio, por encima de la media nacional.

La cosa no acaba ahí, para este año el presupuesto estatal tuvo un incremento superior a 9 por ciento, hablamos de 2 mil millones de pesos más que en 2021, por tanto, en esa misma proporción debió llegar el alza, ¿entonces que está haciendo el Estado con esos recursos?, porque obras no hay, y los programas sociales son subsidiados en parte por los propios beneficiarios.

El incremento “presumido” por la gobernadora Cuéllar en un video de menos de 1 minuto (hasta en eso fueron míseros) es el menor que han tenido los trabajadores al servicio del Ejecutivo en los últimos 6 años.

Las cifras son lapidarias: en 2016 les dieron 7.7%, en 2017 el incremento fue de 12.6, y en 2018, 2019, 2020 y 2021 el alza alcanzó 11%. Con datos y no con discursos ni sonrisas Colgate, es evidente el desprecio por los miles de trabajadores que son quienes mueven la maquinaria estatal, incluidos los que le hacen el caldo gordo a la mandataria.

Mientras Cuéllar habla en su video de “gratitud eterna” y “reconocimiento a su esfuerzo y compromiso” en los hechos la Triste Historia regresó a los tiempos de la pareja que dirigió el 7 de Mayo, compadres de Cuéllar, y quienes pactaron los peores incrementos salariales, 5 por ciento en promedio (entre 2009 y 2014), tal y como ahora se las aplicaron.

Ahí no acaba la cosa, el incremento no fue consensuado con la base trabajadora, fue la decisión de una sola persona que, por si fuera poco, condicionó el diálogo con la dirigencia electa a la entrega de la Toma de Nota por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ente que ha mostrado no ser autónomo y más bien estar a las órdenes de la gobernadora, ¡así de chueco su actuar!

IMPROVISADOS

La falta de planeación y estrategia quedó una vez más de manifiesto luego de que el lunes la Triste Historia y su secretario de Educación entregaron dinero público a padres de familia en escuelas públicas, según, para evitar el cobro de cuotas escolares.

El recurso llega cuando esas asociaciones en colusión son directivos ya cobraron las cuotas superiores a los mil 300 pesos en algunos casos y condicionaron las inscripciones, no solo eso, también los obligaron a la compra de uniformes. 

Son más de 75 millones de pesos, dicen que para 214 tesoreras del programa La Escuela es Nuestra, aún se ignora cómo van a fiscalizar ese dinero y de qué forma el OFS garantizará su correcta aplicación considerando que los ciudadanos no son auditables por esa instancia, eso no es todo, regalan dinero con fines clientelares y para distraer la atención para mantenerse incumpliendo con la ley de útiles y uniformes gratuitos, donde hay obligación de dotar de forma gratuita esos apoyos.