Por Edgardo Cabrera

El futuro de Mary Cruz Cortés Ornelas parece marcado luego de que el viernes el presidente López Obrador exhibió al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y a sus jueces como mal ejemplo de corrupción.

Andrés Manuel puso el dedo al poder judicial por la liberación de la banda de secuestradores ‘Los Lucios’ a través del juez de control Daniel Hernández George, esa información, claro está, le fue enviada desde Tlaxcala tras requerirles a los gobernadores morenistas pruebas de la mala actuación de los tribunales y con ello justificar su negativa de eliminar la prisión preventiva oficiosa.

De la exhibición pública, Mary Cruz no dijo ni pío y no perdamos que además de presidenta del TSJE ella encabeza el Consejo de la Judicatura y, por tanto, en sus manos está revisar la actuación de los jueces.

Haber sino en otra emisión de la mañanera salen a relucir también los casos de nepotismo de magistrados y jueces que abundan en los sistemas judiciales, como el de Tlaxcala.

TERNA

A colación, Cortés Ornelas fue la última de las magistradas que palomeó el entonces gobernador priísta Mariano González Zarur.

A escasos días de concluir su sexenio llegó al cargo, por lo que ni los actuales diputados, menos la gobernadora Cuéllar tienen compromisos con ella, y lo que dijo Andrés Manuel en cadena nacional durante su mañanera, alimenta las razones para no ser ratificada.

El 26 de diciembre se le vence su periodo, y en el Congreso local se integró la comisión que la evaluará, paralelamente se sabe que la Triste Historia ya tiene lista la terna de donde saldrá quien la sustituya.  

PERO NO SOLO ES EL TSJE…

Pero si se trata de evidenciar la pésima impartición de justicia, no solamente hay que señalar lo que ocurre en los tribunales de Tlaxcala, sino también en la Procuraduría General de Justicia, figura que por cierto sigue inamovible ante la negativa a convertir dicho ente en Fiscalía independiente del Ejecutivo.

Solamente dos casos ponen en evidencia lo que pasa en la entidad, uno de ellos, el asesinato a manos del Estado de un presunto implicado en el caso de la desaparición de una joven de Huamantla.

De los ministeriales del grupo especial antisecuestros involucrados solamente el más joven permanece detenido, del resto no se sabe nada, tampoco del director Operativo de la Policía de Investigación, y menos de la subprocuradora y procuradora, pareciera que solo uno fue escogido como chivo expiatorio y el resto en la impunidad.

Ni del homicidio y tortura del detenido hay esclarecimiento, como tampoco de quién asesinó a la joven por la que fue asegurado. 

Como tampoco hay explicación ni castigo, es más, la procuradora evitó tratar el tema de un comandante de la policía ministerial de la PGJE asesinado en Xaloztoc y del cual no se quiso hablar, se mantienen ocultas las razones y móviles que llevaron al atentado, por lo que el asunto corruptor embarra no solo al poder judicial, sino también al ejecutivo.