Por José Luis Ahuactzin

La nueva funcionaria que designó la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros como directora general del Centro de Justicia para Mujeres víctimas de violencia, Gabriela Hernández Montiel, violenta el decreto de creación de dicho órgano desconcentrado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El decreto publicado en el Periódico Oficial (PO) del 1 de agosto del 2017, establece que para ser directora general se deben tener cinco requisitos, entre ellos título, cédula legalmente expedidos.

Además de acreditar ‘5 años de experiencia en materia de prevención, atención, investigación, sanción y erradicación de violencia contra la mujer, así como de igualdad sustantiva, perspectiva de género y defensa de los derechos humanos, lo que incumple aunque su cédula profesional fue expedida en el 2021.

La actual titular del Centro de Justicia para Mujeres víctimas de violencia, apenas en el 2021 le fue expedido el título y cédula de acuerdo con una consulta ante la Secretaría de Educación Pública (SEP); lo que no podría demostrar la experiencia de manera formal.

Inclusive, el propio gobierno del estado informó la curricular de la nueva funcionaria a través de la dependencia Coordinación General de Comunicación, a través de un boletín oficial.

‘licenciada en Derecho egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala se desempeñó como directora de Atención a Migrantes del despacho de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y fue proyectista en la Sala Electoral del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Ha laborado tanto en la Cámara Alta como en la Baja del Congreso de la Unión y fue coordinadora del programa “Apoyo para Bienestar de las Niñas, Niños de Hijos de Madres Trabajadoras” en la Secretaría del Bienestar, delegación Tlaxcala (sic)…’.