Por José Luis Ahuactzin

En los primeros 4 meses de la actual administración lorenista, el informe de fiscalización del uso de recursos públicos en Pensiones Civiles de Tlaxcala (PCET) detectó anomalías por 2 millones 301 mil 620.90 pesos de un manejo financiero por 181 millones 209 mil 734.30 pesos.

De acuerdo con el dictamen emitido por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), en el lapso del 31 de agosto al 16 de diciembre del 2021 reportaron el primer faltante , y del 17 de diciembre al 31 del mismo mes, es decir, que en 14 días también manejaron mal él recursos de la dependencia por 415 mil 161.28 pesos, ante tantos cambios de directivos en menos de 120 días.

Con un total de 58 observaciones no solventadas de 70 emitidas, destacan pagos irregulares por 38 mil 860 pesos por servicio de análisis y revisión del Sistema de préstamos de Pensiones Civiles, sin que mostrara cuál fue el fin y los resultados.

Otorgaron recursos públicos por 10 mil pesos a favor del Director Administrativo, por gastos a comprobar, y no lo ha hecho.

Del informe se detalla que ‘recaudaron aportaciones y retenciones enteradas del Libro “B” durante el periodo del 31 de agosto al 30 de septiembre de 2021 por $6,970,629.58, persistiendo diferencia de recursos públicos faltantes por $683,616.64, respecto del reporte de aportaciones y retenciones enteradas del libro “B” por $6,287,012.94…’.

También identificaron que ‘registro de la recaudación de aportaciones y retenciones enteradas del Libro “B” durante el periodo del 31 de agosto al 30 de septiembre de 2021 por $25,756,210.64; no obstante, únicamente se identificó que $2,562,792.86 se radicaron a la cuenta bancaria en la que son administrados estos recursos, persistiendo diferencia de recursos públicos faltantes por $23,193,417.78…’.

También ubicaron que del reporte de cartera vencida por 7.2 millones de pesos, por 19 créditos hipotecarios y 106 créditos que no especifican tipo de crédito, al cotejar el OFS detectó que son 6.4 millones de pesos por cobrar a largo plazo y documentos por cobrar a largo plazo por 92.9 millones de pesos; Es decir, que identificó que los créditos de cartera vencida reportados no se encuentran reconocidos y/o registrados.