29 de julio - 2022

La titular apuntó que no es necesario que la agredida presente una denuncia
Por Selene Sosa
La responsable de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ernestina Carro Roldán, aseveró que, respecto al caso de la agresión que sufrió una mujer por parte de la ahora ex Presidenta Honorífica del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) de San Pablo del Monte, será el Centro de Justica para la Mujer (CJM) el que tome el asunto.
En entrevista colectiva, la procuradora detalló que la víctima, de quien aún se desconocen sus particulares, no ha presentado una denuncia formal por el ataque ante la PGJE.
“No hay denuncia ante la Procuraduría, sin embargo, ya la subprocuradora giró el oficio correspondiente al Centro de Justicia para Mujeres, quienes se encargarán de dar seguimiento, no es necesario que nos presente la denuncia”, acotó Carro Roldán.
Respecto a los cuestionamientos sobre la posible sanción y su tipo contra la esposa del presidente municipal de dicha demarcación, la titular de la PGJE señaló que ello dependerá ya de las propias partes involucradas en el conflicto que quedó grabado y ha sido nota nacional por su gravedad.
“Esto depende de la investigación que se realice, en materia de violencia, el Código nos establece en dónde podemos llegar a la mediación y en qué casos no… ya será el Centro de Justicia para Mujeres que lleve a cabo la investigación”, finalizó Ernestina Carro.
Hay que recordar que, en días pasados, María Del Rocío Epazote Guzmán, quien se desempeñaba como Presidenta Honorífica del DIF Municipal de San Pablo del Monte, agredió físicamente, junto con otra persona, a una mujer a quien le arrojó un líquido que, trasciende, era agua con picante.
Los hechos quedaron grabados por una cámara de video vigilancia y, por lo ocurrido, un par de días después el alcalde, Raúl Tomás Juárez Contreras, esposo de la agresora, la separó de dicho cargo público.
Cabe señalar que, tanto la Secretaría de Gobierno (SEGOB) como la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) a cargo de Jakqueline Ordoñez Brasdefer, han reprobado el asunto e incluso, el organismo autónomo inició una queja oficiosa por lo sucedido.
