Por Edgardo Cabrera

Solo en promesas de campaña y frases domingueras quedó aquello de que la Cuarta Transformación llegaría a Tlaxcala para ser ejemplo de transparencia y rendición de cuentas.

Pero no solo fue durante la búsqueda por llegar al poder. En el primer acto oficial del nuevo gobierno y al presumir su gabinetazo se amplió el ofrecimiento para los recién estrenados funcionarios al comprometerlos actuar de forma “transparente, ética, humana, honrada y de buen trato”, no solo eso, la frase fue: “transparencia tendrá que ser un actuar cotidiano”, ¡ajá!

Bueno, pasaron las semanas y la Triste Historia demostró que lo suyo es ocultar, especialmente los contratos, muchos de ellos leoninos, por lo que comenzó la batalla para tener acceso a la información pública, ¡y sí!, una verdadera batalla donde los funcionarios encargados de las áreas de transparencia están aleccionados para no entregar nada y buscar los resquicios legales para burlar solicitudes.

EL HOTEL

El día 2 marcó la ruta de lo que es la actual administración, la realización de negocios con empresas de dudosa procedencia o foráneas, el privilegio de contratos a funcionarios o familiares de funcionarios, las condiciones ventajosas como se entregan inmuebles propiedad del estado que, en el mejor de los casos, pagan rentas de risa o de plano no les cobran. Es el caso del Hotel San Francisco reabierto en octubre pasado.

Hoy, y tras meses de luchar por obtener información, finalmente podemos hacer público el contrato celebrado con una empresa cuya constitución y operación exprés genera dudas 

El documento obtenido por Gentetlx, tras un largo proceso de solicitud de información pública, comprueba que la empresa operadora denominada “Corporativo Hotelero e Inmobiliario el Fuerte”, fue constituida apenas 8 días antes de que la gobernadora Lorena Cuéllar asumiera funciones en palacio de gobierno el 31 de agosto de 2021: ¿cuál fue el fundamento para entregar un inmueble a quien no tiene antecedente empresarial y menos en el sector?

Evidentemente no hubo ningún concurso, se trató de una adjudicación directa que se formalizó, además, el 1 de septiembre del 2021, es decir, al segundo día de “una nueva historia”.

En el trabajo que presentamos, además, se revela que durante dos años el corporativo no pagará renta, pese a que el monto fijado es de apenas 130 mil pesos mensuales considerando la enorme propiedad que incluye 69 habitaciones, restaurantes, área de bar, recepción, patios coloniales, una alberca totalmente techada, salones para celebrar eventos sociales, estacionamiento para 80 vehículos, lavandería, en fin.

La renta es una ganga, considerando que dentro del sector inmobiliario en el centro histórico capitalino el promedio es de 170 pesos por metro cuadro de renta, el monto pactado entre gobierno y los empresarios tendría que corresponder a un inmueble de apenas 600 metros cuadrados, evidentemente el San Francisco tiene muchos más.

Hablamos que, con todo y el bajo arrendamiento, en 2 años no ingresarán 3 millones 120 mil pesos a las arcas estatales ya que el “generoso” gobierno lo considera como una compensación por haber invertido en “tiempo récord” 3 millones de pesos para trabajos de remodelación que solamente ellos saben.

Las dudas y las preguntas son múltiples, pero al conocer el contrato, queda en claro porqué la resistencia a hacerlo público. ¿Cuántos más estarán en la misma situación?, la lista es larga.