Por Edgardo Cabrera

La dictaminación de las cuentas públicas del 2021 son un dolor de cabeza tanto para la titular del Órgano de Fiscalización Superior, Isabel Maldonado, como para los diputados, aunque lo duden, en los hechos hay omisión legislativa desde el pasado 15 de diciembre, plazo establecido por ley para cumplir con la fiscalización.

Recordemos que a todos les pasó de noche lo establecido constitucionalmente en el sentido que: cuando en la entidad se renueva la titularidad del Poder Ejecutivo, antes del 15 de diciembre el Congreso del estado tiene la obligación de dictaminar los meses de enero a septiembre, correspondientes a esa anualidad.

Y aunque trataron de remediar la omisión con un parche, en este caso un acuerdo legislativo para realizar el procedimiento este año y que se entreguen los informes de resultados de la revisión a los entes fiscalizables antes del 15 de julio, esa jugada violenta la constitución.

Por ello, los despachos contratados por ex presidentes municipales ya tienen listos desde amparos hasta solicitudes de juicio político contra legisladores y la titular del OFS, el pretendido uso de las cuentas públicas como garrote político se les revertirá.

Los que resulten reprobados, con todo y que en algunos casos se trata de auténticos pillos, tienen todas las de ganar en el terreno legal. ¿Quién pagará por lo platos rotos?, esa es la gran pregunta

COMO EL CÁNCER

Cual cáncer, las malas prácticas de la Triste Historia y su comportamiento voraz por hacer negocio hasta con las fotocopias se extienden por todos lados, como en el judicial, donde la llegada a la Judicatura del señor de las mañanitas (Rey David), solo ha servido para entorpecer el trabajo.

Para muestra, varios botones. El funcionario es acusado por frenar la modernización del sistema de expedientes para subirlos a la nube digital, ello permitiría que los justiciables puedan consultarlos desde cualquier lugar y eliminaría largas filas en juzgados, optimizaría tiempos, recursos e incluso contribuiría a la salud en tiempos de pandemia.

Sin embargo, el consejero impuesto por el yerno notario fue el único que se opuso a la contratación de un seguro para la protección de la información, tal y como se recomienda por la SCJN para garantizar que los piratas informáticos no sustraigan, secuestren o ataquen los servidores. ¿Actuó por ignorancia o porque vio una oportunidad de negocio?, o por ambas.

No es lo único, desde su posición, es señalado de negociar cargos, uno de ellos, el Contralor, “importado” de Puebla, razón por la que siempre llega tarde o de plano no llega. ¿Adivinen de quién fue recomendado?

Y entre las patas se llevó a la ahora ex consejera representante de los jueces, Dora, a quien convenció de sus maniobras a cambio de solapar actuaciones como esa de ser visitadora del juzgado de lo civil y familiar del distrito judicial de Ocampo donde hay personal que tiene parentesco consanguíneo con la referida, lo que le valió que esta misma semana fuera removida.