La reserva de información por 5 años definida por la SCJN mantendrá oculta información relacionada incluso con posibles conductas fraudulentas en la adquisición de vacunas.

Fuente: EL FINANCIERO

Los contratos para la adquisición de vacunas contra el virus SARS-COV-2 reservados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) representan un monto de 33 mil millones de pesos, según información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La reserva mantendrá oculta información relacionada con el precio de los lotes, el pago de las vacunas, los derechos de terminación de los contratos, la exclusión de responsabilidad, facturación y hasta información relacionada con conducta fraudulenta intencional.

Así lo explicó María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de MCCI, quien consideró que desde el principio de la pandemia de COVID-19 ha habido mucha opacidad en el tema de salud.

México no es el único país que ha decidido no hacer pública la información de los contratos de vacunas durante la pandemia de COVID-19, pero destaca por haber invertido 33 mil millones de pesos en la compra de vacuna contra el SARS-COV-2, muy lejos del segundo país que más gastó en Latinoamérica, Colombia, con 407 millones de pesos.

“Es cierto que no es una cosa privativa de México, lo hicieron Argentina, Ecuador, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Venezuela. Pero en el ranking sí destaca México porque es el país que más presupuesto proyectó erogar”, explicó Casar en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

La presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad opinó que la decisión fue motivada políticamente porque “hay una buena dosis de retroceso en la transparencia” en el país, si bien reconoció que sí cuenta con fundamento legal.

El pasado lunes, el pleno de la SCJN resolvió dos recursos sobre los contratos para la adquisición de vacunas contra COVID-19, y en ambos casos resolvió que la divulgación de las condiciones esenciales de la contratación puede poner en riesgo la seguridad nacional ante la posibilidad de que sean obstaculizadas o bloqueadas las acciones tendientes a prevenir pandemias en el país, por lo que la reserva fue definida por 5 años.