Por Edgardo Cabrera

En septiembre de 2021, y en uno de los que fueron sus primeros actos de gobierno propagandísticos, Lorena Cuéllar vetó las reformas a la Ley del Notariado que hizo la legislatura local saliente, con el argumento de que se cometieron “omisiones e irregularidades” por parte de los ex diputados.

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Sus focas aplaudidoras lo celebraron, dijeron que esa acción daba muestra de que en la “Nueva Historia” no se privilegiaría a la parentela ni se ocuparía el poder para saciar ambiciones personales.

Esos mismos criticaron que el priísta Marco Mena aprovechara esos cambios a la norma para designar como notarios a su ex secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro y al yerno de Cuéllar Cisneros, Antonio Flores Sánchez, para “quedar bien”, comprar un cheque de impunidad y que no fuera investigado su gobierno por actos de corrupción, pese a lo prometido en campaña por la neo morenista.

Pero esos matraqueros debieron callar rápidamente, porque cuatro días después del veto, el 13 de septiembre la gobernadora salió en defensa de su yerno y del secretario de gobierno de Mena al señalar en una entrevista banquetera que su veto “no afectaba los nuevos nombramientos”.

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Y los hechos dicen más que las palabras, no solo eso, para evitar cualquier riesgo de que se tambaleen esas dos notarías, la nueva legislatura por medio del presidente de la comisión de Puntos Constitucionales que comanda su aliado Lenin Calva, mantiene en la congeladora el veto de la gobernadora.

CHAMBA PARA EL YERNO 

Tan es la misma historia y, reitero, triste, que el flamante nuevo notario, sin empacho, es favorecido por el gobierno de su suegra, lo que constituye no solo otro caso más de conflicto de intereses que ahora implica a la propia gobernadora, sino un hecho inmoral, de esos que el propio presidente López Obrador condena recurrentemente por parte de la mafia del poder, particularmente contra el priísmo del que proviene Cuéllar.

El viernes un comunicado de prensa se confirmó la sospecha, resulta que el notario público número 3 dio “fe y certeza” a la rifa de 2 mil 10 computadoras entre sindicalizados de la Sección 31 del SNTE, y en las que el gobierno estatal gastó 30 millones 593 mil pesos.

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¿Cuánto habrá gastado el estado por esos honorarios?, como tienen todo en la opacidad no lo transparentarán, sin embargo, hay un tabulador por esos servicios, que bien se puede inflar según el fedatario del que se trate.

Ahora bien, quizá el abucheado secretario de Educación Homero Meneses trató de quedar bien con su jefa y por eso lo contrató, bueno, en la imagen casi se derrite con la mirada al tenerlo a su lado, y valga el hecho para recordarle al funcionario: ¿no es eso inmoral e ilegal?, recordemos que ese favoritismo fue contra el que luchó Morena para llegar al poder, ahora no solo lo consciente, sino que lo promueve.

No solo se trata de un tema de gobierno, ¿qué dirán los notarios y su consejo?, porque en este momento son cómplices también de tolerar que uno de sus miembros, yerno de la gobernadora, participe en actos mediante los cuales se da fe pública, y la fe, se deriva de un tema moral, base de la ética del gremio.  

Como son de cínicos, no vaya a ser que también terminé presidiendo ese consejo, porque algo es claro, el poder y el dinero es insaciable para esta triste historia.