Edgardo Cabrera

La todopoderosa Oficialía Mayor de Gobierno se hace de la vista gorda, guarda silencio y esconde documentos que, se supone, tendrían que ser públicos. Hablamos de los contratos celebrados por la actual administración estatal y de los que se desconocen procedimientos de licitación, así como las convenientes condiciones bajo los cuales se celebran a favor de empresas vinculadas con los funcionarios de “cuarta” honestidad. 

A la llegada de Lorena Cuéllar al poder Ejecutivo, se le ampliaron las facultades a la Oficialía, ahora es la única institución autorizada para celebrar contratos en las dependencias, lo mismo obras. que servicios o insumos.  

Corren las horas y sigue sin transparentarse el contrato por 15 millones 514 mil pesos entre la empresa Autotransportes para Turismo y Pasaje Alejandra S. de R.L, de C.V., y la Secretaría de Educación Pública del Estado para la renta de 35 autobuses que ofrecen el servicio del programa “Primero los Maestros”.

Ahora sabemos, de forma trascendida, que ese acuerdo, leonino, fue pactado entre la Oficialía Mayor que encabeza el ex diputado local morenista, Ramiro Vivanco, y la empresa de la que, de acuerdo con el antecedente documentado por el Órgano de Fiscalización Superior, es socio el actual titular de Transporte de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Rubén Domínguez Medel, y de la que -también trasciende- la representante legal es su hermana Alejandra.

Reitero, ante la opacidad que existe, de manera extraoficial nos informan que el contrato se celebró para el periodo que comprende del 1 de enero al 28 de julio de este año, hablamos de 7 meses, cada mes le cuesta al erario 2.2 millones de pesos, 63 mil 322 pesos por autobús -chatarra- que cobraría 2 mil 100 pesos al día, claro, si se usaran de lunes a domingo, lo que no es, considerando días festivos, vacaciones y fines de semana.

El ex diputado Ramiro fue otro de los grandes ausentes en la conferencia de prensa de la semana pasada, no dio la cara a sabiendas que la dependencia que encabeza palomeó el contrato y ordenó a la SEP pagar el billete por un servicio que, como ya vimos, es de mala calidad, riesgoso y deshonesto.          

PARA RECORDAR

Y al principio decía que a la Nueva Historia se le acumulan los casos de abusos, excesos e ilegalidades, recordemos el uso del helicóptero -supuesta ambulancia aérea- para trasladar a la hermana de un funcionario de la Secretaría de Finanzas que sufrió un accidente automovilístico en el estado de Morelos; el señor Marco Tulio Munive está confeso en las redes cuando hizo público que pidió el favor y se lo concedió su amiga gobernadora. De eso tampoco hay consecuencias.

No olvidemos la renta del inmueble del Hotel Posada San Francisco a una empresa creada apenas un mes antes de otorgarle el contrato, y de la cual no existe experiencia comprobada para administrarlo. Tampoco ese contrato lo ha querido transparentar el señor Ramiro Vivanco.

Está también ese otro negocio para la compra de patrullas y uniformes a precio de oro, amén de que se puso en evidencia que algunas de esas unidades presumidas para ser entregadas a municipios ya son chatarra, son desechos de la policía estatal y medio repintadas. 

La lista de esos convenios dudosos se multiplica, incluso aprovechando la pandemia, como esos otros de los tanques de oxígeno, pruebas Covid y un largo etcétera que derivaron en pleitos entre la Secretaría de Salud y la Oficialía Mayor.

AL PIE

A colación del tema de la opacidad, además de los contratos que se esconden, lo que tampoco aparece de forma pública son las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de los funcionarios de la Nueva Historia.

Por tanto, se ignora si Rubén Domínguez Medel declaró o fue omiso en el asunto del conflicto de intereses, sino informó que entre su modus vivendi se encuentran sus negocios en el giro del transporte tendría responsabilidad, y si lo hizo, quién avaló su contratación como funcionario de una dependencia donde es claro el conflicto, también tendría responsabilidad.