Edgardo Cabrera

Sin cumplir ni el medio año en funciones, el tráfico de influencias, los negocios entre funcionarios y la urgencia por enriquecerse a costa de todos y todo, es la constante en el acertado calificativo de la Nueva Historia, ¡y vaya, qué historia!

El viernes quedó al descubierto un caso más que tendría que ser investigado por presunta corrupción e impunidad; involucra al secretario de Educación Pública, Homero Meneses, y al director de transportes de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Rubén Domínguez Medel.

El accidente de un autobús chatarra que cobró la vida de un trabajador del sector educativo y dejó siete maestras lesionadas, develó la existencia de un contrato por más de 15 millones de pesos entre la empresa Autotransportes para Turismo y Pasaje Alejandra S. de R.L, de C.V., y la Secretaría de Educación Pública del Estado para la renta de 35 autobuses que ofrecen el servicio del programa “Primero los Maestros”.

Uno de los accionistas de dicha firma es Rubén Domínguez quien, además, cuenta con una observación por parte del Órgano de Fiscalización Superior, ya que en el año 2017 también aprovechó el cargo para ser favorecido con un contrato con el ayuntamiento de Zacatelco para la renta de dos vehículos de su empresa; “pequeño detalle”, el señor era segundo regidor, “situación que contravino la legislación vigente”, se detalla en el informe del cual tiene copia este medio.   

Dicho reporte fue ignorado por la dependencia que encabeza Homero Meneses y, contraviniendo la legislación a la que hace referencia el OFS, palomeó rentar a la empresa de su colega funcionario los autobuses. Cada uno le cuesta al erario más de 420 mil pesos, no sabemos si al año, por semestre, trimestre o mensualmente, porque mañosamente no se precisó el periodo por el que se celebró el contrato que no se ha hecho público en la página de transparencia.

Y con todo y la queja de los maestros por las pésimas condiciones mecánicas y físicas de las unidades, así como por el antecedente del accidente con heridos y un muerto, el secretario de educación defendió el contrato leonino, ya que dijo que “ninguna” empresa garantiza seguridad, ¿en serio?

EXHIBIDOS 

En la conferencia que presurosos dieron el viernes, tras la protesta de docentes que se negaron a subir a los camiones chatarra por temor a un nuevo accidente, los grandes ausentes fueron precisamente el representante legal y accionistas de la empresa Alejandra, incluso se hicieron de la vista gorda y los oídos sordos, cuando los reporteros sacaron a relucir el nombre de Rubén Domínguez.

¡Fuera máscaras!, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción tendrían que estar investigando el presunto tráfico de influencias, el conflicto de intereses (no perdamos de vista que además de beneficiarse con un contrato, el empresario fue designado director de transporte), coalición de servidores públicos, entre otros.

No solo eso, otra dependencia que también guarda silencio cómplice es la Procuraduría General de Justicia del Estado. Hay un muerto, por tanto, y ante la fuga del chofer, porqué no se ha procedido en contra de la empresa que bastante responsabilidad tiene, no solo por las condiciones físicas y mecánicas de sus unidades, sino por la contratación de su personal.

Por decencia, ética, moralidad y legalidad, Homero Meneses y Rubén Domínguez tendrían que haber presentado sus renuncias, pero como no lo harán, la gobernadora Lorena Cuéllar tendría, reiteró, tendría, que haber actuado en consecuencia, los hechos están a la vista.