ELECTORERO
21 de enero - 2022

Edgardo Cabrera

Los gobernadores morenistas están presionados, saben que tienen la obligación de quedar bien con su líder moral y de partido, por tanto, les comen las ansias y les corre prisa para garantizar que el domingo 10 de abril salgan en manada sus correligionarios a votar por la permanencia en el cargo de López Obrador.

Hablamos del proceso de Revocación de Mandato, perversamente interpretado por ellos como de “Ratificación” del presidente.

Pero como ya se vio en anteriores ejercicios, el número de militantes y simpatizantes morenistas no les garantiza una abrumadora participación, bueno, hasta en ellos hay apatía, ahí está el fiasco de la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes, no alcanzó ni 8 por ciento de participación, para que fuera vinculante tenía que haber participado 40 por ciento, eso sí, costó al erario 528 millones de pesos y a ninguno de esos “mafiosos” del poder enfrentan procesos legales. 

Regresemos a la revocación de mandato, para que sea válida deberá participar al menos 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores (37 millones de mexicanos). La revocación solo procederá por mayoría absoluta.

Cuesta mil 503 millones de pesos al presupuesto, el INE insiste en que necesita más de 3 mil 300 millones de pesos, y el gobierno federal no les quiere dar por austeridad, cuando en los hechos, es un despilfarro hasta los mil 500 para algo que ya se sabe cómo va a resultar, las encuestas son claras, la mayoría de las personas no quieren que se vaya López Obrador.

DESPILFARRO

Lo anterior viene a colación porque a partir de esta semana iniciaron con la entrega de dinero en efectivo, cheques y transferencias electrónicas de los apoyos asistencialistas. En Tlaxcala, como lo hacían también los gobiernos anteriores -tan satanizados por ellos-, empezaron con sus eventos multitudinarios para la entrega.

Ignorando sus propias medidas sanitarias, ahí están las imágenes y videos, los abrazos, apapachos, la “peligrosa cercanía”, se utiliza para que quede claro “quién les da el dinero” y qué deben hacer en abril en la mentada consulta.  

No solo eso, el miércoles la gobernadora Lorena Cuéllar remitió dos iniciativas al Congreso del estado con carácter de preferente, es decir, que los diputados deberán discutirla y votarla en un plazo máximo de 20 días naturales contados a partir de su presentación.

Y de qué tratan, ambas son reformas a la ley de desarrollo social y la orgánica de la administración pública del estado para que opere la recién creada Secretaría estatal del Bienestar, para que legalmente puede utilizar algo así como 500 millones de pesos para dádivas con fines clientelares.

Quién va a administrar tanto dinero, una psicóloga que trabajaba en la fundación propiedad de la gobernadora, cuyo currículo deja mucho que desear en materia de administración pública, pero en particular, para estar al frente de una dependencia de reciente creación que manejará programas de salud, alimentación y nutrición, abasto social de productos básicos, equipamiento y mejoramiento de vivienda, por cierto, duplicando funciones con otras instituciones.

La condición de preferente, es apuntalar precisamente la repartición con fines electorales. Abril está tan cerca y Tlaxcala, como lo ha hecho en anteriores ocasiones, quiere ganar en participación para que el presidente nos siga teniendo en su “corazón”.