Por Edgardo Cabrera

La denuncia por la campaña discriminatoria en contra de gestores de trámites implementada en las delegaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte ya está en manos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, organismo que, por cierto, dirigió la actual titular de la dependencia, Luz María Vázquez Ávila.

Llama la atención que aún cuando la señora secretaria conoce y defendió las garantías individuales de los tlaxcaltecas, ahora desde una posición de poder convalide la colocación de carteles donde se tacha de delincuentes a estas personas que prestan sus servicios como resultado de viejos vicios, el principal, el arcaico y pésimo sistema de trámites que opera en el gobierno estatal.

En lugar de invertir recursos en la campaña negra, su obligación sería la de documentar actos de corrupción, si existen, y proceder por la vía penal. Si los gestores dan “mordidas” a los servidores públicos y funcionarios para agilizar los trámites y brincarse las filas la responsabilidad es de más de uno.

Pero si estas personas operan dentro de la legalidad, con cartas de poder, haciendo lo que algunos por su condición, incluso de salud o por actividades empresariales, les impide acudir personalmente a las oficinas públicas, el tacharlos de delincuentes es juzgar sin aportar pruebas y me sorprende que la abogada Luz María Vázquez no lo sepa, o se haga de la vista gorda.

Para rematar, si quieren acabar con los gestores o “coyotes”, como despectivamente son llamados, lo inteligente sería automatizar, digitalizar y agilizar los trámites.

Desde la llegada de la “nueva historia”, la página oficial de internet es una porquería, el sistema de citas no sirve y los usuarios se llevan a diario desagradables sorpresas, porque tanto en Finanzas como en Movilidad se sacan de la mano la exigencia de documentos que no están establecidos en los requisitos que ellos mismos difunden.

Ante la mediocridad lo simple fueron sus cartelitos, por cierto, algunos tapados por ellos mismos y de manera parcial con bolsas negras en algunas delegaciones, como en Apizaco, dizque por la veda electoral, aunque otros se mantienen sin problema en la capital, así las incongruencias.

SOBRINO GAMBOÍN

Con la novedad que el diputado Miguel Ángel Covarrubias quiere que su tío y secretario de Gobierno, Sergio González acuda ante él y rinda cuentas, el pretexto: el prófugo de la justicia y destituido secretario de Seguridad Ciudadana, el ahora innombrable Alfredo Álvarez Valenzuela.

Sin que suene a defensa, porque no lo necesita, más que comparezca ante el Congreso del estado, el reelecto Covarrubias debe pedir disculpas a la ciudadanía y separarse del cargo por incongruente y sus pobres resultados como legislador.

No es para menos, el oriundo de Texoloc estuvo más interesado en su primer periodo de diputado en los fondos moches con fines clientelares, que, en atender los asuntos de la Comisión de Protección Civil y Seguridad, la que preside por segunda ocasión y la cual no sesionó de manera periódica, como lo establece la normatividad interna.

La delincuencia y los malos resultados en materia de seguridad no son de ahora, datan de hace mucho y, para recordar, en su momento el gobierno de Marco Mena vetó el presupuesto porque la legislatura de Covarrubias pellizcó los recursos de seguridadpara destinarlos al fondo moches.

La memoria no es corta, aunque eso supone el ahora legislador coordinador de los diputados del PT, el sobrino incómodo de Sergio González es el menos indicado para citar a rendir cuentas a su tío.

No perdamos de vista, además, que la legislatura de donde proviene fue la más corrupta que hemos tenido y como muestra el reparto de plazas para los parientes de las que ahora se hace el desentendido.