Por Edgardo Cabrera

El proceso de licitación de la Casa de Justicia de San Pablo del Monte está a punto de convertirse en un escándalo, el asunto no es menor, es una obra estimada en 7 millones de pesos solamente en su primera etapa.

El jueves de la semana pasada el asunto reventó, luego de que dos de los cinco concursantes fueran descalificados, por los precios ofrecidos, aunque denunciaron que se midió con distinto rasero y sin la presencia de un perito especializado en el cálculo.

Por ello el representante de Odraude Construcciones protestó en plena sesión de la Junta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al denunciar otras presuntas anomalías.

Entre las acusaciones salió a relucir que la contralora Ana Laura Herrera fue omisa en sus actuaciones y carece de conocimiento de la ley y sus procedimientos.

La sesión subió de tono, a tal grado que, ante los reproches y fricciones, los funcionarios del poder judicial callaron en reiteradas ocasiones al gritón constructor José Hernández, el principal inconforme, a quien incluso trataron de desalojar de la sala.

Y de los gritos, pasaron a las acciones administrativas, tras la molestia, Odraude Construcciones exigió al presidente del TSJE, Héctor Maldonado, declarar desierto el concurso al documentar una serie de vicios, y que el Consejo de la Judicatura investigue a los encargados del proceso.

El asunto no termina ahí, consideran injusta la descalificación y presumen que quien saldrá beneficiado con el contrato es una persona física, de quien aseguran es prestanombres de un poderoso político -dicen- la mano que mueve la cuna en el Órgano de Fiscalización Superior, y ahora consejero de la gobernadora Lorena Cuéllar; hace más de un año, por cierto, era uno de los constructores favoritos en la capital con Anabell Ávalos.

Las sospechas crecen, porque el domicilio de quien según será beneficiada, es contiguo a la de la titular del OFS.

Y cuando digo que el asunto podría escalar, es que están espera de que este martes se dé el fallo del concurso para proceder por la vía penal por supuestos actos de corrupción.

Don Héctor Maldonado tendrá que estar muy atento para que este asunto no lo manche en el cabildeo para ser ratificado en el cargo en 2022, cuando se le vence su periodo, por lo que tendrá que revisar a detalle todo antes de dar luz verde.

PARA REMATAR

Mientras está el pleito por una obra, el fin de semana se concretó la remoción de Leonel Ramírez como representante del ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, de quien están en espera de que presente su renuncia.

A nadie debe tomar por sorpresa ni construir pato-aventuras, el asunto es simple, cada gobernador a su llegada impone en el cargo a alguien cercano para tener ojos, oídos y voto, con ello tener injerencia dentro del Poder Judicial.

Ramírez era de todas las confianzas de Marco Mena, quien llega, dicen que un tal Rey David González, es cercano al yerno de Lorena, o en su caso la abogada Julieta, ex esposa del fallecido y ex presidente de la CEDH Ricardo Amaro, con lo que la gobernadora sigue ampliando su dominio sobre los poderes y organismos autónomos.