Por Edgardo Cabrera

Mientras la dirigencia y algunos priístas que detentaron el poder guardan silencio cómplice en temas como la inseguridad o la opacidad en los procesos de licitación y entrega de los primeros contratos millonarios del nuevo gobierno, así como de las tropelías de los funcionarios estatales que incluso derivó en la remoción de la titular del Conalep o agravar el conflicto en Xicohtzinco, por otro lado, se envalentonaron, y cual carroñeros, se disputan los escasos espacios que conservaron.

Y es que un grupo de esos priistas pidieron la cabeza de la diputada local y coordinadora de la fracción, Blanca Águila Lima, según ellos, los traicionó en las elecciones pasadas al apoyar a candidatos de otros partidos, curioso que no digan lo mismo del entonces gobernador Marco Mena quien incluso favoreció la otorgación de una patente de notario para un pariente de la actual mandataria. 

Se sabe que la propuesta estaría secunda por el dirigente estatal Noé Rodríguez Roldán y otros resentidos que quedaron fuera de cualquier posición de poder.

En honor a la verdad, quien más perdería con la salida de Águila Lima sería el propio partido, pues la estructura que comanda, llamada Red BAL, es uno de los últimos bastiones con los que cuenta ese partido y que por cierto tiene presencia en los 60 municipios. ¿A estas alturas qué partido no quisiera tener en sus filas dicha estructura?, pregúntenle al PRD o PAN.

En cada elección local o federal, la red ha operado a favor de los intereses del tricolor o del Ejecutivo estatal y en la elección de junio pasado, quienes en verdad simularon fueron esos que ahora piden su cabeza.

De Rodríguez Roldán podemos decir muy poco, siempre ha sido un personaje que ha visto más por sus intereses, los hechos están a la vista, su dirigencia no habla, no escucha, no ve.

OTRO REVÉS

Apenas el viernes daba cuenta de que la disputa por el reconocimiento del voto en cabildo de los presidentes de comunidad del municipio de Tlaxcala mantenía un pleito legal vivo en el Tribunal de Justicia Administrativa, luego de que dejaran vencer el plazo para promover una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nadie presentara nada.

Pues resulta que nos confirman que el recurso ante la autoridad estatal también fracasó, se cayó, luego de que al analizar el expediente concluyeran que no había elementos ni sustento legal, por lo que fue desechado de plano.

Ahora solo resta que en el Congreso del estado metan orden al tema y, de una vez por todas, sienten las bases constitucionales del reconocimiento de las facultades y alcances de dichas autoridades.