Con pólizas, cheques, solicitudes de retención voluntaria y la confesión de Delfina Gómez en entrevista, acreditan trama que involucra a titulares de la SEP y Aduanas.

Fuente: MILENIO

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multar a Morena por 4.5 millones de pesos tras acreditar que Delfina Gómez, como alcaldesa de Texcoco, estableció “una trama ilegal” para retener durante tres años un total de 13 millones 890 mil 47 pesos de los sueldos de los trabajadores del Ayuntamiento y el DIF, y que después, al menos 2.2 millones de pesos se utilizaron para pagar a los proveedores de su campaña en 2015.

El dinero que se les retuvo de manera ilegal a los trabajadores terminó en la campaña de Delfina Gómez cuando buscaba una diputación federal, para pagarle a proveedores de volantes, lonas y también para el traslado de personas que se afiliarían a Morena que acababa de lograr su creación como partido político.

El proyecto acredita que en esta “trama ilegal” participaron directamente la entonces alcaldesa de Texcoco, Delfina Gómez (actual secretaria de Educación Pública); el secretario Horacio Duarte (actual Administrador General de Aduanas); los entonces, síndico Eliseo Edmundo Rosales López (actual Administrador Central de Equipamiento e Infraestructura Aduanera) y tesorero Alberto Martínez Miranda para entregarlos al Grupo de Acción Política que lidera el actual senador morenista Higinio Martínez, y que después, terminó pagando a proveedores de la campaña Morena en 2015.

Por lo que, además de la sanción económica, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para que investiguen delitos electorales y deslinden responsabilidades.

La consejera presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela explicó que se trata de una queja del PAN interpuesta en 2017 acusando que la retención de sueldos a trabajadores del DIF y del Ayuntamiento de Texcoco fueron destinados a los procesos electorales de 2015 para la campaña de Delfina Gómez por una diputación federal y de 2017 a gobernadora.

Se declaró parcialmente fundado al acreditarse la existencia de “un mecanismo de retención de recursos” que fueron entregados a dos personas, María Victoria Anaya y Sara Iveth Rosas un total de 13 millones 890 mil 47 pesos, de los cuales, dos millones 114 mil se usaron para pagar a las personas físicas José Víctor Magaña y Luis David Miranda, y a la empresa comercializadora de Oriente MAVI-HE S.A. de C.V. que fueron proveedores de la campaña de Delfina Gómez en el 2015, al contratare servicios de impresión de volantes y pancartas.

“A partir de estos elementos se propone sancionar a Morena con cuatro millones 229 mil 225 pesos ya que los recursos que fueron entregados a las dos personas físicas fueron destinados con fines proselitistas, ya que fueron beneficiaros de recursos de un ente prohibido y luego comercializaron propaganda de índole partidista”.

Sin embargo, finalmente se sumaron 150 mil pesos más por pagos a compañías de transporte para trasladar a personas que participaron en la afiliación de Morena cuando buscaba constituirse como partido político.

La investigación del INE revela que este esquema creado por Delfina Gómez como presidenta de Texcoco implicaba que ella y los integrantes de su cabildo como el tesorero, el secretario y el síndico, firmaran cheques en los que, bajo el concepto de “donativos” se entregaban las retenciones de la nómina municipal, después de que los trabajadores presentaran una carta de “solicitud de descuento”, en el que indican que “por mi propio derecho y de manera voluntaria, se me realice el descuento del 10 por ciento de mi sueldo para ser transmitido al Grupo de Acción Política, mismo que deberá ser otorgado a la C. María Victoria Anaya Campos, por así convenir a mis intereses personales”.

Las pólizas de cheques cuentan con los logos del municipio de Texcoco y el gobierno del Estado de México, indican que “por acuerdo de la presidenta municipal, se hace la aportación voluntaria del 10 por ciento de las percepciones del personal del H. Ayuntamiento al Grupo Acción Política” y firman de autorización Delfina Gómez, el síndico Eliseo Edmundo Rosales López, el secretario Horacio Duarte Olivares y el tesorero Alberto Martínez Miranda.

Además, otra prueba fundamental es la propia confesión de Delfina Gómez en una entrevista con Carmen Aristegui en donde a preguntas expresas, reconoce que se les retiene el 10 por ciento y que los trabajadores lo hacen para apoyar a Morena.

“Es el acuerdo que se va a dar una donación o una aportación a este grupo como lo hace, pues otros partidos también, tengo entendido, y en este caso pues era la cuestión de Morena. Yo lo único que hago es precisamente como mi función, como presidenta, pues tengo que dar este visto bueno de que se va a hacer esta autorización. De hecho, el grupo de Morena, los militantes de Morena efectivamente me hacen esa solicitud, ellos incluso firman un documento. Son alrededor de 150, 180 trabajadores”.

Así, se acreditó que más de dos millones 200 mil pesos de los que se retuvieron durante tres años a los trabajadores de Texcoco, terminaron beneficiando a Morena. Por lo que se aplicó una multa del 200 por ciento.

«Es vulgar e inaceptable»

El consejero presidente Lorenzo Córdova se sumó a los compañeros que pedían sancionar a Morena con la totalidad de los 13 millones de pesos que se retuvieron de la nómina de los trabajadores de Texcoco y no únicamente los 2.2. millones de pesos que se acreditó que se utilizaron para pagar a proveedores, pues si bien el resto no se pudo rastrear por cobrarse en efectivo y ser imposible rastrearlo, se acreditó que formaron parte del mismo esquema.

Córdova alegó que se trata de un esquema “vulgar e inaceptable” que ya se ha visto anteriormente con el PRI, con prácticas inaceptables de retención indebida de sueldos de servidores públicos para desviarlos con fines políticos.

“Muchos de estos terminan materializándose en efectivo y esto impide el rastreo, pero con la independencia de que se haya vuelto líquido y no pueda evidenciarse con certeza en qué fue usado, si damos por bueno eso, compañeras y compañeros, ene l asunto más emblemático de Pemexgate no se hubiera sancionado nada porque toda la trama se tradujo en retirar ese dinero en efectivo y sin embargo sancionamos y lo validó el Tribunal Electoral, y se validó desde entonces que se puede sancionar a partir de un conjunto de pruebas sancionables.

“Todo el dinero fue retenido por los trabajadores, pasaron por las cuentas, se cobraron con cheques y fue entregado a un partido, a un movimiento y dicho públicamente por una de las protagonistas”.

El consejero José Roberto Ruiz alegó que es inadmisible esta práctica y que además el proyecto está subestimando que como en ningún otro caso, se cuenta con una confesión directa de Delfina Gómez quien reconoció estas retenciones para enviarlas a Morena.

“¿Qué mensaje va a mandar el INE? Pues que bienvenida este tipo de prácticas y que sale muy barato vulnerar la norma, se me puede decir que no hay trazabilidad. Ya quisiera que en otro proyecto una de las partes hubiera confesado, aquí tenemos una confesión y se está subestimando”.

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Uno de los proyectos más dolorosos del INE: Morena ​

El representante de Morena, Eurípides Flores alegó que se trata de uno de los proyectos más dolosos del INE pues Grupo de Acción Política no es de Morena, ya que este partido no acepta corrientes internas y también replicó que Delfina Gómez nunca confesó, pues las pruebas confesionales se dan ante autoridades competentes, no en una entrevista.

Primero, el consejero Uuc-kib Espadas recurrió a su ex militante en el PRD para explicarle “al representante de Morena que el Grupo de Acción Política de Morena existe y existe desde hace mucho tiempo, y que fue reconocido por quienes militábamos en el PRD y ahora por Morena, ahora pretender desconocer a un grupo que porque no existe en el papel tampoco existe en la realidad, es demasiado pretender”.

Ante las acusaciones del representante de Morena de que se trata de un proyecto de filias y fobias y reprochar que comparan a su partido con las prácticas del PRI, el consejero Ciro Murayama le pidió que si dice ser diferente, en verdad lo sean.

“Si el asunto en vez de haber ocurrido en Texcoco ocurriera en Atlacomulco, nosotros actuaríamos igual, quizá ustedes no, levantarían la voz si fuera otro el partido el que hubiera hecho lo que se está demostrando que hicieron sus dirigentes. Dicen que no son iguales, pues no actúen igual, porque descontar dinero a los trabajadores diciéndose de izquierda es, además de ilegal, antiético e ilegal.

“No pretendan que porque son gobierno nos van a inhibir. Si son diferentes, actúen diferentes, pero no pretendan que porque son gobierno nos vamos a inhibir porque ya se los hemos demostrado a gobiernos del PRI, se lo hemos demostrado al PAN”.

El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, adelantó que impugnará la sanción pues insistió en que se debía considerar el monto completo de más de 13 millones de pesos que se retuvieron en tres años y no solo los 2.2. millones de pesos pagados a proveedores mediante cheques o transferencias rastreables.