Por Selene Sosa

El Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. publicó recientemente un enérgico comunicado a las autoridades estatales de Puebla y Tlaxcala para exigir que se incluya a los ciudadanos aledaños a la cuenta Atoyac-Zahuapan en los proyectos para su saneamiento y recuperación

Los activistas del colegio reprobaron que los gobiernos ‘se nieguen’ a que los ciudadanos, que son los primeros afectados, se involucren en los planes de acción para la conservación del río que atraviesa diversos municipios de ambas entidades federativas.

Lo anterior, derivado de que fueron los mismos integrantes de la Organización No Gubernamental (ONG) los que organizaron y financiaron las evidencias para presentar la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y que esta emitiera la Recomendación 10/2017, que, ambos gobiernos, firmaron cumplir.

Por lo que el Centro solicita que, ‘se lleve a cabo la celebración de un convenio y/o acuerdo de coordinación interinstitucional y cooperación técnica, entre esa Secretaría, la CONAGUA, la PROFEPA, la COFEPRIS, los gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala, y los municipios colindantes con el Río Atoyac y Xochiac, y sus afluentes, y las empresas que descargan sus aguas residuales a los citados cuerpos de agua o a las redes de alcantarillado municipales, así como con las organizaciones de la sociedad civil que así lo deseen; con el objeto de elaborar e implementar un Programa Integral de Restauración Ecológica o de Saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac, en términos de los establecido en el apartado de Reparación del Daño de esta Recomendación; y se remitan las pruebas de su cumplimiento a esta Comisión Nacional.’