DENUNCIAS
15 de abril - 2021

Por Edgardo Cabrera

Poco les duró a las candidatas y candidatos la promesa de privilegiar las propuestas, así como aquella intención de hacer campañas diferentes por la pandemia del coronavirus, la descalificación es ahora su motivación, así como los actos multitudinarios que no paran.

En lo que es la segunda semana de campañas por la gubernatura la estrategia volvió a modificarse, al menos en el equipo de Lorena Cuéllar regresaron al punto de las denuncias en contra del gobierno de Marco Mena a quien acusaron de utilizar los programas sociales a favor de la candidata Anabell Ávalos, aunque también empezaron a dirigir sus baterías en contra del árbitro electoral.

Fue el ex dirigente estatal panista Sergio González Hernández, actual coordinador de la campaña de la morenista, quien acusó una presunta manipulación de los apoyos del DIF y de la Sefoa, incluso exhibió fotografías a las que, por cierto, como dicen los especialistas en derecho, tendrá que probar ante una autoridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho, porque lo que se vio en su conferencia solamente fueron gráficas que pudieron tomarse, lo mismo ayer que hace un año.

Como era de esperarse, del otro lado respondieron con acusaciones en el mismo sentido: el uso faccioso de los programas federales del Bienestar, incluso de la vacuna contra el Covid-19 para obtener las simpatías del electorado, incluso para coptar el voto, evidentemente, también, deberán probar sus dichos y formalizar las denuncias correspondientes.

En uno u otro caso el tema es el mismo, los dimes y diretes, nada diferente a las campañas que ya hemos cubierto en el pasado, las rutas son similares al arranque. Por un lado quienes buscan el cargo traen un discurso público de propuesta, mientras sus voceros empiezan a calentar el ambiente de cara a ciertas fechas fatales, en este caso, el primer debate obligatorio entre las candidatas y el candidato que se realizará este domingo.

Ya cercano a la elección del 6 de junio, veremos a las punteras, principalmente, subiéndose al barco de las denuncias, pasando de las propuestas a las acusaciones, así será, ya lo verán.

Tampoco hay que perder de vista que los partidos políticos que respaldan tanto a Lorena Cuéllar como Anabell Ávalos son gobierno. La primera trae de su lado a la federación con Morena, y la segunda al estado con el PRI, de ahí que las tentaciones son grandes y los intereses mayores, por lo que las denuncias mediáticas tendrán que ir apoyadas de los recursos legales correspondientes, máxime cuando los delitos electorales son considerados graves.

A PRUEBA

Por lo pronto, lo que más preocupa son los ataques en contra del árbitro, desde ahora empieza a generarse un ambiente de desconfianza en contra del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, por lo que consejeros y consejeras, así como su presidenta, deberán mostrar firmeza en sus determinaciones, sustento legal en su actuar, y evitar los errores.

No son sus primerizos, ya tuvieron en sus manos la sucesión de la gubernatura anterior y en el terreno legal los protagonistas no lograron probar acusaciones de parcialidad, todo se quedó en la diatriba, y pese a los señalamientos ahí siguen en el cargo, nunca se presentaron denuncias formales o solicitudes de juicios.

En el plano federal algo similar ocurre con el INE, las descalificaciones en contra de los consejeros están a la orden del día por parte de Morena, mientras que los señalamientos en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también son la constante pero por parte de los aliados del PAN-PRI-PRD.

Parece que los escenarios que alistan, unos y otros, para justificar sus derrotas irán en primer término en contra de las autoridades electorales, aunque ello significará también ponerse la soga al cuello porque serán esos mismos árbitros quienes validen sus triunfos en los cargos donde resulten favorecidos con el voto.

No vamos lejos, el INE es acusado de estar al servicio de la “mafia del poder” por retirarles el registro de los candidatos de Morena a la gubernatura de Guerrero y Michoacán, pero es ese mismo árbitro el que validó las candidaturas en el resto de las 13 entidades, incluidos quienes van por diputaciones.

Evidentemente lo que sigue estará peor porque está en juego el poder por el poder, la ciudadanía, como suele ocurrir, pasa a segundo término.