Los ‘siervos’ de AMLO acumulan cuestionamientos con miras a la elección de 2021
3 de marzo - 2021

Los «Servidores de la Nación» son el ‘ejército’ de AMLO para difundir sus programas sociales, aunque la ASF y el Coneval ven fallas en su trabajo y la oposición los acusa de promoción electoral.

Fuente: EXPANSIÓN POLÍTICA

Apenas unos meses después de que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales de 2018, anunció que se llevaría a cabo un censo «casa por casa» para ir seleccionando a todos los beneficiarios de los que serían sus programas estrella. Así fue como nacieron los llamados «Servidores de la Nación», algunos de los cuales antes habían sido promotores del voto a favor de Morena.

Desde entonces, estos «siervos» —como también se les conoce— han estado en medio de polémicas, que van desde la construcción de un censo con fallas metodológicas hasta su intervención en la aplicación de vacunas contra el COVID-19, pasando por denuncias por la promoción del presidente e irregularidades por 562 millones de pesos en 2019, según reveló recientemente la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Actualmente, 19,620 personas visten los chalecos guinda característicos de este ‘ejército’, y lo mismo llaman a los posibles beneficiarios de programas sociales y a los adultos mayores para saber si quieren la vacuna anticovid que apoyan en la logística de inmunización. Por su trabajo, estos funcionarios reciben sueldos que van desde los 8,482.40 pesos a los más de 50,000 para los directores regionales.

Con 18,147 siervos, AMLO construye un censo bajo sospecha de sesgo

Los señalamientos por su posible labor con un sesgo político comenzaron desde que empezaron sus actividades para integrar el padrón de beneficiarios, pues este, a decir de especialistas, no cuenta con una metodología adecuada y es poco transparente.

Rodolfo de la Torre, investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), considera que no hubo un trabajo cuidadoso de diagnóstico y, a pesar de ello, sobre eso se basa la política social del gobierno federal actual.

«Toda la política social tiene un fundamento débil desde el momento que parte de un censo del bienestar, definición de la población que se quiere atender, que es muy poco transparente; no terminó siendo un censo y no identifica adecuadamente necesidades de las personas», señala el experto.

(El censo) no revela sus fundamentos, su cobertura, y eso genera sospechas de un uso político de la información». Rodolfo de la Torre, del CEEY

Promoción política

Sin tener una metodología ni conocer bien los programas sociales que estaban ofreciendo —según lo expuso el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su reciente evaluación sobre los programas sociales—, los «servidores» se pusieron sus chalecos con la imagen del presidente y empezaron a recorrer las calles.

Esto condujo a una de sus primeras controversias. En 2019, el PRD denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) que los uniformes representaban una promoción indebida , por lo que el organismo emitió medidas cautelares y urgió a los «siervos» a abstenerse de promocionar al presidente al censar y entregar programas sociales de la actual administración.

«El libro de Rafael Hernández es un estudio puntilloso que permitió al PRD interponer un recurso ante el INE por la promoción anticonstitucional del presidente (y no solo de él) a la sombra de los mencionados programas. Y el recurso prosperó y el instituto, a través de su Comisión de Quejas y Denuncias, dictó medidas cautelares y obligó al cese de la promoción personalizada», escribió José Woldenberg, expresidente del IFE (ahora INE), en el prólogo del texto Servidores de la Nación. La operación política del gobierno de la 4T .

Ya entrado el 2020, con el inicio de la pandemia, los «servidores» nuevamente se pusieron en marcha para —con base en el censo que ya habían armado— llamar a los posibles beneficiarios de más apoyos, como los microcréditos para enfrentar la crisis. Al respecto, el Coneval también planteó que, al inicio de la emergencia, cuatro de cada 10 beneficiarios de este crédito sin intereses no lo reembolsaban.

El siguiente trabajo que se dio a los «siervos» fue liderar las llamadas «brigadas correcaminos», con las que el gobierno desplegó la vacunación contra COVID-19. Esto despertó quejas nuevamente, ya que en cada brigada son más los promotores y «servidores» que los responsables de aplicar las dosis.

Además, con ello estas personas estarían entre las primeras en recibir la vacuna, al ser incluidas entre los grupos prioritarios, después de personal de salud, adultos mayores y maestros de entidades en semáforo verde.

El presidente y autoridades federales defendieron la participación de los «servidores» en las brigadas, al argumentar que conocen todo del país y que debían vacunarse para no correr riesgos. En contraste, políticos de oposición cuestionaron su intervención y exigieron evitar un uso político de la vacunas.

«Celebramos que el INE empiece a limitar ese abuso por parte del presidente (…) Ahora pedimos que, además de cuidar la boca al presidente, se les cuiden las manos a los mal llamados ‘Siervos de la Nación'», dijo el líder del PAN, Marko Cortés, luego de que el instituto adelantará que para el arranque de las campañas se recomendaría dejar de emitir las conferencias matutinas.

Irregularidades operativas

Con el arranque de la vacunación a adultos mayores, los «servidores» fueron nuevamente señalados por tomar fotografías a los inmunizados y a sus credenciales de elector. El PAN interpuso una queja en el INE al señalar que esto «podría tener fines electorales indebidos a favor de Morena».

A la par, se dieron a conocer fallas detectadas por el Coneval según su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020.

Aunque el consejo reconoció que gracias a los «servidores» se pudo llegar a zonas rurales de difícil acceso y se dieron a conocer programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, y que en casos como el Programa de Producción para el Bienestar difundieron información en su lengua a los posibles beneficiarios —gracias a que eran habitantes de esas comunidades—, también advirtió que los «siervos» no siempre conocían en detalle los programas promovidos.

«Por ejemplo, en los programas Producción para el Bienestar y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente se observó una falta de conocimientos técnicos en aspectos clave para la operación de estas intervenciones por parte de las y los ‘Servidores de la Nación'», dice el reciente informe.

Además, en la evaluación del consejo al Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior, se detectó que «los primeros ejercicios de recolección de información de estudiantes, donde participaban los ‘Servidores de la Nación’ y las escuelas en el censo de beneficiarios, tuvieron como resultado información poco confiable y generaron incertidumbre».

Graciela Teruel, directora del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social (IIDSES), advierte que los «servidores» no eran personas capacitadas para hacer este tipo de censos. «Como si el levantamiento de información lo pudiera hacer cualquiera y no existiera una normativa o parámetros claros de cómo se debe llevar a cabo la información», cuestiona.

Lo empieza a levantar un área del gobierno, la verdad es que la información que se fue recaudando y que es la base para la elección de los beneficiarios no es pública y no se sabe con qué criterios de calidad se llevó a cabo». Graciela Teruel, especialista.

En sentido similar, la analista Viridiana Ríos considera que los informes del Coneval se han vuelto como una «pitonisa» sobre cuáles pueden terminar siendo los principales escándalos de corrupción de cada sexenio, y que el «desorden» entre los «servidores» es un «foco rojo».

«Los ‘Servidores de la Nación’ no están bien capacitados y no conocen los programas a detalle. Su poca capacitación hace que estos estén actuando de formas que incluso pudieran ser ilegales», escribió Ríos en su columna para Expansión Política el pasado 16 de febrero.

Para ese entonces, aún no se daba a conocer el informe de la Cuenta Pública de 2019, en el que la auditoría al esquema de contratación de los «servidores» reveló múltiples anomalías por 561 millones 986,196 pesos que la Secretaría de Bienestar tiene que solventar; de lo contrario, se convertirán en actos ilícitos.

Entre lo detectado por la ASF está que no se comprobó la totalidad del pago de nóminas para estos «servidores» o hubo pagos dobles. Por ejemplo, se detectaron 18 millones 076,400 pesos destinados a 355 «siervos» que también recibían honorarios en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. También se encontró que la Secretaría de Bienestar realizó pagos por 85.2 millones de pesos a cuentas vinculadas a dos o más Claves Únicas de Registro de Población (CURP) del ‘ejército’ territorial de AMLO.

Con dos años y medio de operación y de diversos señalamientos, hoy los «Servidores de la Nación» siguen haciendo las tareas que les encarga el presidente —visitando casas, haciendo llamadas o apoyando en la vacunación—, a solo tres meses de la elección más grande de la historia del país, en la que López Obrador y Morena quieren mantenerse como la primera fuerza política.