Por José Luis Ahuactzin

Pese a que el proyecto inicial era anular la Ley de Educación que fue aprobada por el Congreso local el año pasado, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron sólo invalidar 8 artículos.

Dentro de la sesión no presencial del pasado jueves, definieron que sólo echar abajo los artículos 62 y 63 del Capítulo VI denominado ‘De la Educación Indígena’; así como del 66 al 71 del Capítulo VIII, denominado ‘De la Educación Inclusiva’.

La SCJN determinó que dichos artículos incidían directamente en los intereses de los pueblos y comunidades indígenas, así como de las personas con discapacidad; por lo que existía la obligación de los diputados a consultar a dichos grupos previo a la expedición de la nueva ley.

Además de que inobservaron los artículos 2° de la Constitución General, 6 del Convenio 169 de la OIT y 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual no fue llevado a cabo.

Por ello, la próxima semana los ministros determinarán el tiempo que otorgarán al Congreso local para realizar la consulta y volver a legislar en la materia.

Durante la discusión, se evidenció a los diputados de Tlaxcala por incurrir en violación al proceso legislativo, no sólo por no realizar la consulta sino porque fue sin quórum legal, y porque la sesión fue electrónica cuando la legislación no lo contemplaba.

Es de mencionar que fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la que promovió la acción de inconstitucionalidad 212/2020 por la publicación del Decreto 208.