Sánchez Cordero aseguró que la investigación del caso ha avanzado mucho, pero se negó a dar información para no entorpecer la indagatoria

Fuente: RADIO FÓRMULA

La tarde del pasado viernes, 22 de enero, fueron hallaron los cuerpos calcinados de 19 personas, presuntamente migrantes guatemaltecos, en Camargo, Tamaulipas.

Este martes, 26 de enero, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) comparó el crimen con la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en 2010.

En la conferencia mañanera de este miércoles, 27 de enero, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, negó que el asesinato de las 19 personas sea igual que la masacre de 72 migrantes hace 10 años.

“Por ningún motivo es igual que lo que sucedió en San Fernando. Todos los días, a partir de que sucedió este evento, hemos estado, el Gabinete de Seguridad, viendo los avances que se tienen sobre esta  situación”, declaró Sánchez Cordero.

Aseguró que se ha avanzado muchísimo en la investigación del caso y las autoridades tienen “mucha información”; sin embargo, se la reservó para no entorpecer la indagatoria.

“Si me permites, no dártela en este momento, porque estas investigaciones tienen que llevarse a cabo en la mayor de las secrecías. Sí aseguro algo, no es un San Fernando, porque estamos avanzando en la investigación de manera contundente”, subrayó.

Masacres en Tamaulipas

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)  comparó el hallazgo, este fin de semana, de 19 cuerpos calcinados en  Tamaulipas con la trágica masacre de San Fernando del 2010, en la que asesinaron a 72 migrantes en la misma región.

“Estamos profundamente preocupados por los hechos reportados por distintos medios sobre el hallazgo de 19 personas calcinadas en Tamaulipas. De acuerdo con la información recibida, al menos varias de las víctimas serían guatemaltecas”, apuntó mediante un boletín el representante de la ONU-DH México, Guillermo Fernández-Maldonado.

Fernández-Maldonado destacó que “la falta de alternativas para una migración realmente segura, ordenada y regular orilla a las personas migrantes a recurrir a traficantes de personas o a rutas peligrosas”, y esto los lleva a ser posibles víctimas de “graves violaciones” de los derechos humanos.

Este fin de semana aparecieron 19 cuerpos calcinados – 16 hombres, una mujer y dos por determinar- en varios vehículos en el poblado de Santa Anita, municipio de Camargo, en la fronteriza ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Por el momento no se conoce la identidad de las víctimas, aunque varios testimonios afirman que serían migrantes centroamericanos víctimas del tráfico de personas, mientras que otros reportes apuntan a un choque entre dos bandas criminales.

“Estos hechos recuerdan a las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y Cadereyta, Nuevo León, en 2012, donde los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación”, alertó la ONU-DH.

En agosto de 2010 ocurrió uno de los sucesos más escabrosos de la historia reciente de México con el asesinato de 58 hombres y 14 mujeres de diversas nacionalidades en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Dos años después, en mayo de 2012, aparecieron otros 49 cuerpos en Cadereyta, en el norteño estado de Nuevo León.

“Aunque desconocemos sus motivos para migrar, la mayoría de las personas sale de sus países empujados por circunstancias económicas adversas, por reunificación familiar y/o por situaciones de violencia y persecución. A esto se suma que sus condiciones de vida se han visto profundamente afectadas a raíz de la pandemia por covid-19 y por el devastador paso de los huracanes Eta y Iota”, indicó el representante de la ONU-DH.

En esta nueva masacre, continuó, el estado tiene “la obligación de garantizar la plena identificación de los restos encontrados conforme a métodos científicos y llevar a cabo una restitución digna a sus familias”.

“Esperamos que las víctimas extranjeras y sus familias reciban todo el apoyo de sus autoridades consulares”, concluyó el organismo, que pidió transparencia y acceso a los expedientes judiciales por parte de las familias para así garantizarles el acceso a la “verdad y la justicia”.