•FUNCIONARIOS Y UN MAGISTRADO CORRUPTO

Columnista invitado: José Martínez M.

Aunque el epicentro de los ataques a los medios de comunicación se encuentra en Palacio Nacional, en Puebla y Tlaxcala las réplicas de los abusos de poder en contra de los periodistas son la más clara muestra de la intolerancia que reina sobre los destinos del país en materia de la libertad de expresión. 

Apenas hace unos días tres organizaciones internacionales defensoras de la libertad de expresión dirigieron una carta al presidente Obrador para externarle su preocupación por las agresiones en contra de los periodistas, comenzando éstas desde el púlpito de las mañaneras. 

Las organizaciones que suscriben la misiva son Artículo 19 (Oficina Regional para México y Centroamérica), Reporteros Sin Fronteras (ambas con sede en París) y el Comité de Protección a Periodistas (Nueva York).

Al menos en los primeros seis meses del presente año se documentaron 406 agresiones contra medios de comunicación y periodistas. La mayoría de los ataques –según la denuncia de las mencionadas organizaciones– son causados por funcionarios públicos, la mayoría de los atentados y presiones han sido ejecutados en los niveles estatales y municipales. 

En Puebla, por ejemplo, el director – fundador del portal de noticias e-consuta, Rodolfo Ruiz acumula cuatro demandas civiles de parte de funcionarios del gobierno de Miguel Barbosa quienes reclaman, en conjunto, más de 20 millones de pesos como reparación de “daño moral”. 

En Tlaxcala, los periodistas Edgardo Cabrera y José Luis Ahuactzin, ambos del portal de noticias Gentlx recibieron una demanda por “daño moral” por parte del magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez.

En ambos casos, los funcionarios recurren a laberintos legales para que sus fechorías queden impunes. La pregunta es ¿cómo es posible que los funcionarios que incurren en delitos no son sancionados por ejercer la deshonestidad?

Los medios son el contrapeso del poder, en cualquier parte de los países democráticos. Pero en México los medios y los periodistas han sido puestos en la primera línea de fuego del gobierno. El presidente es el que decide cuál es la prensa buena y cuál es la prensa mala.

Thomas Jefferson acuñó una frase histórica cuando señaló: “Si hemos de elegir entre un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en elegir lo segundo”.

En su visita a México con motivo de la transición del nuevo gobierno, Edison Lanza, relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en entrevista con El Universal habló del papel de los medios como contrapeso del poder. Revivió entonces el papel del periodismo como un “perro guardián de la democracia”.

E-consulta y Gentlx han cumplido de sobra su papel en sus respectivos estados, como ocurre con muchos otros medios de todo el país, se han esmerado en proteger los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos en Puebla y Tlaxcala, son medios emergentes de la nueva prensa. Ejercen un periodismo incómodo para el poder. Por desgracia, los políticos y los funcionarios no entienden que la crítica y el debate enriquecen el diálogo y consolidan nuestro sistema democrático.

En algunos países cuando los periodistas investigan y exhiben las corruptelas de los políticos y de las figuras públicas, la sociedad se indigna y la fuerza de la opinión pública hace presión para que actúen los tribunales y castiguen a los responsables. Por desgracia en México, los políticos corruptos se salen con la suya, son los “corruptos legales” que recurren a las componendas y que todavía se dan el lujo de contra-atacar a los medios.

En Estados Unidos, por ejemplo, la Primera Enmienda de su Constitución el Congreso no puede aprobar ninguna ley que coarte la libertad de palabra y prensa. Aún el presidente del país más poderoso tiene en los medios un contrapoder.

En México la prensa ahora da una enorme batalla en contra de un presidente y su gobierno que se empeña todos los días en atacar y denostar a los periodistas. Un gobernante que se pasa las leyes por el arco del triunfo.

Lo grave es que en materia de medios las señales que parten desde Palacio Nacional encuentran eco en personajes canallas que ejercen el poder con impunidad.

En Tlaxcala el magistrado del Tribunal Superior de Justicia Mario Antonio de Jesús Jiménez fue pillado en un audio donde se escucha conspirando junto con otras personas para birlarse 10 millones de pesos de una devolución de impuestos que realizó el SAT al Tribunal Superior de Justicia, cuando justamente dicho magistrado presidía este órgano colegiado.

VER ENLACE de audio (https://oaxaca.quadratin.com.mx/exhiben-a-magistrados-de-tlaxcala-clavandose-devolucion-de-impuestos/)

Ayer mismo (lunes 26/10/2020), los periodistas Edgardo Cabrera y José Luis Ahuactzin con el respaldo del Consejo de Medios de Comunicación de Tlaxcala (COMECOT), presentaron ante el Congreso local una solicitud de Juicio Político contra el magistrado Jiménez Martínez, derivado de los actos u omisiones en perjuicio a los intereses públicos fundamentales y al buen despacho de la función pública jurisdiccional.

En el caso de Puebla, el periodista fundador del portal de noticias e-consulta, Rodolfo Ruiz tiene en su contra cuatro demandas por presunto daño moral. Los demandantes son el diputado Gabriel Biestro Medinilla, el subsecretario de Movilidad y Transportes, Seth Yassir Vázquez Hernández, el director del Instituto Estatal de Educación para Adultos, Jesús de la Luz Sánchez Cuevas, y el subsecretario de Administración, Juan Pablo Cortés Córdova.

Todos los mencionados líneas arriba tienen en común los mismos  abogados que encabeza Florencio Madariaga Granados, exsubprocurador de Chiapas quien precisamente fue detenido en febrero de 2006 en Madrid, España, acusado de malversar 900 millones de pesos y por Roberto Morales Torres, quien en 2017 fue representante del exgobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, cuando éste demandó al activista Horacio Culebro Borrayas precisamente por “daño moral”. 

Los periodistas de Puebla y Tlaxcala –que actúan en su papel de centinelas– solo han cumplido la función de vigilar y de alertar a la comunidad y a los individuos ante las posibles amenazas para su tranquilidad y paz social.

Es insensata, ilógica y reprochable la conducta de todos los funcionarios sometidos al bisturí de los periodistas de e-consulta y Gentlx.

Lo saludable es que todos los implicados en casos de corrupción y abusos de poder se sometan a la rendición de cuentas y dejen de gritar cínicamente “¡Al ladrón, al ladrón!”.

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