Magistrado y juez violentaron flagrantemente la ley al no aplicar un debido proceso por haberse y evitar calificar de legal la detención

Como se lo habíamos informado en GenteTlx, la tarde del pasado miércoles, una vez más, se corroboró que el magistrado de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJE), Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, incurrió en un exceso al propiciar la liberación de un homicida, pese a que el agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), aportó y acreditó todos los elementos.

Se trata del magistrado ya muy conocido por liberar a proxenetas como El Polluelo y que ha sido señalado constantemente por la activista Rosi Orozco de libertar a violadores y otros delincuentes, quien ahora, violentando el debido proceso y lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, volvió a hacer de las suyas con la liberación de un homicida.

De acuerdo con una consulta efectuada con expertos en la materia, se desprende que, efectivamente, el magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez actuó con dolo para propiciar la liberación de Juan Luis N. quien el 29 de marzo disparó a quema ropa a Salvador N., quien se encontraba en su auto junto con su novia y quien perdió la vida durante el traslado a un nosocomio de Calpulalpan.

Aunque desde la audiencia inicial celebrada el uno de abril de 2020 se calificó de legal la detención de Juan Luis N., y posteriormente se logró la vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado para lograr la prisión preventiva oficiosa, los familiares del presunto homicida promovieron una apelación, de la cual tuvo conocimiento el flamante magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, quien efectivamente el único argumento que utilizó en su resolución, fue que el defensor del imputado no presentó en su momento su cédula profesional, pese a que la PGJE demostró fehacientemente la existencia de la cédula, pero con base a lo anterior, el 9 de septiembre ordenó dejar sin efecto y reponer el procedimiento desde el control de detención hasta la vinculación a proceso.

Sin embargo, de acuerdo con la información a la que obtuvo acceso la familia del hoy occiso, si bien las partes fueron notificadas desde el pasado 10 de septiembre de la nueva resolución, el juzgado tuvo conocimiento hasta el 11 de septiembre, aunque se vio imposibilitado a conocer de la misma, ya que fue hasta el 22 de septiembre cuando tuvo real conocimiento de la resolución.

En pocas palabras, dejaron pasar alevosamente 11 días antes de que el juzgado determinará en la reposición del procedimiento si la detención fue legal o ilegal, tiempo que fue aprovechado por la defensa del imputado para alegar que su familiar se encontraba detenido ilegalmente, ya que se habían rebasado las 48 horas previstas en la ley para determinar la legal detención del acusado y, por lo cual, el juez Alfonso González se vio obligado a decretar la libertad del imputado.

Con base a lo anterior, los familiares acusaron que todo se trató de la tradicional “chicanada”, pues efectivamente al reponerse el procedimiento, el juez tuvo que volver a determinar en un plazo de 48 horas si la detención era legal o ilegal, lo cual no ocurrió debido al tiempo que dejaron pasar.

La anterior no se entendería, sino es porque el juez Alfonso González se trata nada más y nada menos de una persona que llegó al Poder Judicial respaldado por el magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, el mismo que sin ningún procedimiento de selección metió a su sobrino, Ramón Jiménez Casco, como juez y quien meses atrás liberó a El Polluelo, a quien la PGJE tardó 11 años en atraparlo y a él le bastaron tres días para liberarlo. Así las cosas, con el magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez.