El sitio se encuentra en pleno centro de la ciudad rielera, emisiones causan molestia a cientos de familias

Por Alfredo González

Molestos por el fétido olor que despide, y visiblemente preocupados por los daños a la salud que pueda propiciar a sus familias, vecinos de la zona centro de la ciudad de Apizaco reiteraron su petición a las autoridades para que un crematorio de cadáveres sea reubicado lejos de sus domicilios.

Al respecto, comentaron que desde hace algunas semanas, cuando comenzó a presentarse un alza en el número de decesos por casos de COVID-19, un crematorio ubicado en la ciudad de Apizaco, que desde hace años ha generado controversia por hallarse en el centro de la ciudad, ha incrementado su actividad expidiendo gases y hollín a los domicilios aledaños, siendo ya una molestia constante a la población, además de propiciar daños al sistema respiratorio, aseguraron los vecinos.

Señalaron que el establecimiento, que en un principio se constituyó únicamente como funeraria, denominada Ángel Guardián, se ubica en la convergencia de las calles 2 de abril y Libertad, en la colonia centro de la ciudad rielera, y pese a hallarse rodeada de casas, e incluso a tres calles del parque central, se ha utilizado como un lugar de disposición de cadáveres, en su mayoría víctimas de Coronavirus.

Los quejosos expresaron que: «hay una autoridad que no vive junto a ellos, que no aspira lo que está aspirando la comunidad…que no le importa el daño que están causando», recriminaron, «es una peste día y noche, el humo no deja de salir desde la madrugada…y aquí hay niños, adultos mayores enfermos y todos nosotros que padecemos con tanto humo, con el olor a cuerpos quemados, parece a que nadie la importa», comentó una de las afectadas cuya familia, dice, ha sido intimidada y amenazada, de ahí que pidió la gracia del anonimato, aunque dicho testimonio se encuentra en poder de Gentetlx.

Señalaron que pese a que por más de seis años han recurrido a incontables instancias gubernamentales e incluso han tratado que las mismas autoridades, así como los propietarios del crematorio hagan conciencia de los hechos, se han encontrado con negativas, incluso, siendo agredidos: «a los vecinos les han golpeado sus coches, les gritan, los mandan allá lejos y hasta los amenazan»…relevaron.

Comentaron que aunado al riesgo sanitario, existe una creciente preocupación por infecciones de COVID-19, ya que el lugar ha sido certificado para disponer de los cuerpos infectados, sin embargo, carece de frigoríficos para su correcto almacenamiento, por lo que mientras esperan su turno para ser incinerados en medio de las viviendas, permanecen al aire libre al interior de la carroza fúnebres o en pasillos de la funeraria, lo que permitirá la dispersión del virus, consideraron.

Señalaron además que, la extracción de líquidos y fluidos de los restos mortales son desechos que terminan en el drenaje común de las casas, pudiendo ser un foco más de infección.

Los permisos de la autoridad

Pese a la controversia que existe en torno al sitio, Ángel Guardián inició operaciones desde el año 2014, propiedad de Federico y Leticia N., oriundos de la zona, establecimiento que se ha visto envuelto en la polémica tras diversas suspensiones de funcionamiento, amparos interpuestos y diversas denuncias, pese a ello, se mantienen abiertos hasta este año 2020.

En su momento, el ayuntamiento de Apizaco habría otorgado el permiso correspondiente para la puesta en marcha de la funeraria en aquel entonces, siendo que se alegaron supuestas alteraciones en permiso de funcionamiento, donde de manera posterior a su autorización se adicionó la facultad de crematorio, lo que provocó su suspensión en ese entonces.

Posteriormente, los propietarios del lugar interpusieron amparos ante la justicia federal para intentar revertir la decisión, lo que no fue posible lograr sino hasta años después, poniendo en operación de manera intermitente el sitio para disposición final de cadáveres desde el año 2017, lo que ha había sembrado de nueva cuenta la molestia en la población.

Pese a ello, al día de hoy, la funeraria cuenta con los permisos pertinentes en el ayuntamiento rielero para su operación, incluyendo el dictamen de uso de suelo, la licencia de funcionamiento e incluso, los permisos emitidos por la Comisión Estatal de Prevención de Riesgos Sanitarios, situación que tiene su estatus legal en regla para su operación, siendo que incluso el propietario del mismo, funge como presidente de la Asociación de Funerarios en el estado.

Caso COVID-19

El sitio en cuestión, es uno de los tres centros funerarios de los más de 80 existentes en el estado, capacitados para el manejo y disposición final de fallecidos por infección de Coronavirus que atiende la Secretaría de Salud, por lo que sus instalaciones, incrustadas en plena marcha urbana, han sido la sede de acopio y cremación de cadáveres, pese a que no cuentan con frigoríficos para su almacenamiento en tanto se realiza la inhumación de los restos.

Dicha acción pone en riesgo no sólo al personal del establecimiento, sino a vecinos de la zona que tienen contacto directo con el lugar en cuestión, además de que es constante la nutrida  presencia de familiares que aguardan por los restos incinerados de los pacientes, lo que podría propiciar un contagio masivo de COVID-19.

Hasta el momento no existe claridad en torno al tema, sin embargo, la innegable exposición del virus en la zona se ha convertido en potencial brote de enfermos que podría derivar en más muertes a causa de una posible negligencia de la funeraria.