Por José Luis Ahuactzin  

Por mayoría de votos, esta tarde el Pleno del Congreso local aprobó una reforma al Código Penal, en la que se estableció aumentar de 3 a 6 años de prisión a quien agreda a personal médico en una declaratoria de emergencia sanitaria; además de que las denuncias serán perseguidas de oficio por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). 

Al sesionar de manera virtual, 23 de 25 diputados avalaron la reforma al marco penal en la entidad y se incluyó que a la par de pena con cárcel, también se aplicará una multa de 100 a 300 Unidades de Medida de Actualización (UMA); es decir, de 8 mil 688 pesos hasta los 26 mil pesos.  

No obstante, también se incluyó como agresiones al que, «por origen, étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas», refiere el artículo 375 reformado. 

Una vez aprobado en el Pleno, esta reforma será turnada al titular del poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Periódico Oficial y entre en vigor a nueva disposición en materia penal.