Por Edgardo Cabrera

Mayra Vázquez Velázquez se quedó sola en el Congreso, es la hora que nadie, ni sus correligionarios, han salido en su defensa luego de las graves acusaciones de corrupción que hiciera el presidente municipal de Tecopilco en su contra.

El edil Jonathan Vázquez interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de la legisladora morenista de su distrito ya que –según él- trató de pedirle un jugoso moche a cambio de etiquetarle recursos del Fondo de Infraestructura y Acciones municipales, que en 2019 operaron los legisladores.

Y no fue cualquier “moche”, según el alcalde intentó cuadruplicar el precio de herramientas para campesinos mediante la alteración de facturas, incluso aseguró que el Cabildo está al tanto de que Mayra supuestamente pidió que cada utensilio de esos se justificara con un valor de más de 4 mil pesos, cuando en realidad costaban apenas 900 pesos.

Ante la negativa, el alcalde aseguró que Tecopilco quedó fuera de la partida que administró Mayra correspondiente al citado fondo, y aunque aseguró la existencia de un video que la incrimina, la realidad es que tampoco lo ha hecho público.

En contraste, la aludida se defendió por medio de un escueto comunicado de prensa mediante el cual simplemente atinó a expresar que “la ciudadanía evaluará su trabajo”, es decir, no dijo NADA.

Aunque lo piense o le digan que evada el tema, la realidad es que la diputada está obligada a aclarar el asunto ante la autoridad y la opinión pública ya que no se trata solamente del dicho del alcalde. Existe una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción y por tanto deberá responder por la vía legal al señalamiento.

Por lo pronto Jonathan Vázquez se está tardando en exhibir los videos y las pruebas de las que habla en contra de la legisladora, porque tampoco se vale que primero tire la piedra y luego esconda la mano.

MUSTIOS 

A escasos nueve días de que se renueve la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado siguen los enjuagues. En materia del personal y su incondicionales, de forma “urgente” sesionaron la semana pasada para hacer nuevos nombramientos y recategorizar a los allegados al actual presidente.

O cómo explicar que la esposa del secretario General de Acuerdos no sólo trabaje en el mismo TSJE, sino que fuera beneficiada con una nueva posición como subdirectora del Instituto de Especialización, escalando al nivel 14 de sueldos (casi 14 mil pesos quincenales), pero además sin cubrir un requisito establecido para dicha plaza, contar con posgrado.

No sólo lo anterior, este mismo miércoles, también de urgencia, plancharon la compra “directa” de un predio en Calpulalpan, cuyo proceso –como todos los demás- se han manejado de manera unilateral y opaca.  

Evidentemente estamos ante el fantasma de las traiciones y las ambiciones, su reelección como presidente está en riesgo, esa es la realidad, la forma como llegó al frente del poder Judicial fue coyuntural y sabe muy bien que puede correr la misma suerte que el derrocado Héctor Maldonado.

No olvidemos que entre quienes maquinaron la destitución del apizaquense, avecindado en Puebla, está el magistrado Fernando Bernal Salazar, la carta fuerte de Morena al interior del tribunal y, no sólo eso, sino quien llevara la voz cantante en aquella sesión donde arremetieron en contra de Maldonado tachándolo prácticamente de tirano y de cometer una serie de supuestas anomalías (que es la fecha que no han sido denunciadas ante la autoridad correspondiente) de ahí que le exigió –a nombre del Pleno- su renuncia.

Quienes participaron de ese golpe de estado, saben que Bernal aspira a la presidencia y llegó la hora de cobrar la factura, por lo que tampoco resulta extraño que el martes salieran abogados a despotricar contra Mario Jiménez, incluso que evidenciaran su riqueza patrimonial, y que entre ellos estuvieran dos ex magistrados  (Jerónimo Popocatl y Raciel Santacruz) que tienen muy buena relación con el alfil morenista.