Por Edgardo Cabrera

El desprecio por la ciudadanía y el favoritismo a la mafia del transporte es el sello con el que el diputado y concesionario del transporte, Miguel Piedras Díaz presentó una iniciativa para proteger a su gremio (los taxistas) y prohibir a particulares la prestación del servicio vía plataformas digitales.

En su afán de servir a los intereses de una camarilla, el diputado morenista no solamente quiere impedir el funcionamiento de empresas como Pronto o Uber, sino que en su locura maquinó una propuesta con la que pretende aglutinar a los taxistas concesionarios en una empresa para que puedan ofrecer sus servicios mediante una aplicación digital.

Claramente la ambición de Piedras y de sus compadres, Indalecio Saucedo, Luis Texis y Hugo Salado del Razo no tiene límites, el problema es que los taxistas de Tlaxcala fueron engañados por quienes se suponen deben proteger sus intereses, o acaso sabrán qué empresa será la que los aglutine como sus empleados y que tendrán que entregarles sus ganancias, como ocurre ya con varias rutas del transporte colectivo que se han convertido en negocios de vivales que no se parten el lomo conduciendo y, en el peor de los casos, ni concesionarios son.

Pero ahí no acaba el asunto, el también suspirante a la alcaldía apizaquense engañó a todos los que participaron en los mal logrados foros de transporte que organizó meses atrás.

Recordemos que se dilapidó recurso público para, supuestamente, recabar la opinión de todos los sectores y construir una nuevo marco legal “de avanzada”, hablamos que la promesa fue abrogar la arcaica Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado y, como ya ocurre en buena parte del país, crear una nueva en materia de “movilidad” que incluyera nuevas opciones de transporte, no solamente plataformas, sino también alternativas ecológicas como la bicicleta o sistemas eléctricos como monopatines. 

Pero esos mentados foros fueron excluyentes, no fueron invitados quienes operan las plataformas digitales, o los usuarios del transporte público, tampoco la sociedad civil, todo fue una gran pantomima que quedó evidenciada con la iniciativa del diputado Piedras que consiste solamente en un parche a la actual ley.

DERECHOS GANADOS

De prosperar el capricho del diputado concesionario, el panorama no pinta nada bien para la actual legislatura, los amparos les lloverán y las impugnaciones también.

Para empezar la cofundadora de la plataforma Pronto, Nydia Cano advirtió que recurrirán a la protección de la justicia toda vez que a partir de este año el Ejecutivo estatal promulgó un acuerdo mediante el cual se regula el funcionamiento de esta alternativa de transporte.

El citado documento, publicado el pasado 4 de junio en el Periódico Oficial, reconoce a las plataformas digitales y establece una serie de requisitos para su operación, tanto por concesionarios de transporte público como para particulares. 

No solo eso, el pasado 22 de agosto fue publicado un complemento al acuerdo inicial que incorpora algunas otras disposiciones que deben acatar los prestadores del servicio ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado.

Por tanto, hablamos que los de Pronto (empresa con mayor presencia en el estado con casi 500 unidades) ya tienen un derecho ganado, máxime cuando han cumplido con la entrega de la documentación que le ha sido requerida y aceptada por la autoridad.

De esto, evidentemente los legisladores locales carecen de información ya que no se han preocupado por investigar realmente la situación, y menos de trabajar de forma coordinada con el ejecutivo, por el contrario, su prioridad, como en el caso de Piedras, es atender su propia agenda política pensando en ser alcalde y “quedando bien” con un grupo del que pretende seguirse sirviendo.