Por José Luis Ahuactzin

Por mayoría de votos, este martes el Pleno del Congreso local avaló la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato, planteada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así, en menos de 7 días la comisión de puntos constitucionales encabezada por el morenista Jesús Rolando Pérez Saavedra, presentó el dictamen para su aprobación en el Congreso local.

La Cámara de Diputados remitió la minuta al Congreso de Tlaxcala el pasado 5 de este mes para el trámite legislativo, por lo que 7 días después fue presentado y aprobado el dictamen en el Congreso local.

Con la reforma aprobada, se podrá solicitar la revocación del Presidente, gobernadores y del jefe de gobierno de la CDMX, con el 3 por ciento de la población inscrita en el padrón electoral.

«la solicitud de firmas comenzará durante el mes de noviembre y hasta el 15 de diciembre del año 2021. La petición correspondiente deberá presentarse dentro de los primeros quince días del mes de diciembre de 2021…».

Y en caso de la procedencia, se determina que «en caso de haberse revocado el  mandato del Presidente la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los treinta días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el período constitucional…».

Para el caso de los gobernadores de los estados no podrán durar en su encargo más de seis años y su mandato podrá ser revocado.

«La solicitud deberá plantearse durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, por un número equivalente, al menos, al diez por ciento de la lista nominal de electores de la entidad federativa, en la mitad más uno de los municipios o alcaldías de la entidad…».

Una vez aprobada la minuta, y publicada la aprobación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Congreso de Tlaxcala tendrá un periodo de 18 meses para armonizar la legislación federal con la local.