Por Esteban García

El INEGI presentó los resultados del indicador de la actividad industrial en México correspondientes al mes de enero de este año.

Resulta que los primeros cinco estados con mayor dinamismo del sector industrial fueron Tlaxcala con 18.1%, Colima con 11.5 %, Guerrero con 10.6 %, Puebla con 10.0 % y Baja California con 8.3 %.

Este repunte solo se puede explicar a partir de la estrategia de promoción que implementa el Ejecutivo, que se caracteriza por la atención personal que se ofrece a los industriales para facilitar sus inversiones.

A nivel nacional, el escenario es muy distinto, ya que, en el primer mes del año, la industria nacional registró una contracción de -1.0%, por lo que es meritorio que Tlaxcala siga atrayendo inversiones, principalmente del extranjero.

No hay que olvidar que, en los primeros dos años de esta administración, la inversión global superó los mil 200 millones de dólares, y se han instalado 29 nuevas empresas y ocho más han decidido ampliarse, lo que ha contribuido a que el empleo formal registre números históricos.

De acuerdo con el último corte del IMSS, la entidad se ubicó en el cuarto lugar a nivel nacional en crecimiento de empleo formal con una tasa del 5.4%.

Con las manos atadas

En el Congreso local solo están satisfechos cuando los otros poderes actúan en función de sus intereses.

Efectivamente, los integrantes de la LXIII Legislatura local no quedaron satisfechos con las reglas de operación publicadas por el Ejecutivo local para operar los más de 400 millones de pesos de los fondos para el campo y obras públicas en los municipios.

Legisladores como Mayra Vázquez y Rafael Ortega manifestaron su inconformidad, al considerar que éstas disposiciones dificultan el ejercicio de los recursos.

Dicen que faltó voluntad para facilitar la entrega de los apoyos, pero lo cierto es que han visto amarradas sus manos para el manejo discrecional de los dos fondos creados con desorden y prisas, y sobre los cuales el propio presidente López Obrador manifestó su rechazo, por abrir las puertas a los moches.

En los corrillos del Congreso trasciende que las reglas de operación impiden a muchos diputados cumplir compromisos contraídos con antelación.

Pura opacidad

A la Cuarta Transformación le falta trasparencia.

Según el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP), Víctor Báez, los 136 becarios del programa “Jóvenes construyendo el futuro” aún no se integran en su totalidad a las áreas del Congreso del Estado.

Mencionó que se están realizando los trámites correspondientes. Pero llama la atención que la presidenta de la Mesa Directiva, Mayra Vázquez, diga desconocer en qué áreas serán capacitados los becarios.

Incluso, mencionó que no había sido informada que el Poder Legislativo se sumó a esta acción federal que fomenta la inserción laboral para acabar con los “ninis”.

Al parecer, fue la JCCP la encargada de realizar el proceso de inscripción de los jóvenes, pero por lo visto no realizó reunión alguna para ofrecer información a los miembros de la legislatura.

Esta opacidad supone que, aunque los diputados recibirían a los jóvenes, no están registrados como tutores. ¿Cómo se justifica entonces la presencia y las actividades de los becarios en el recinto legislativo?